De esto trata el amparo que promovió la mamá de Carlos Emilio; cambiaría para siempre la búsqueda de personas desaparecidas en México
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La búsqueda de personas desaparecidas en México podría enfrentar un cambio importante a partir de un amparo promovido por dos madres buscadoras, entre ellas Brenda María Valenzuela, madre del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido en Mazatlán, Sinaloa, en octubre de 2025.
El recurso legal pone en el centro una exigencia que va más allá de un caso particular: que la información forense de las fiscalías estatales pueda consultarse de manera coordinada con el Banco Nacional de Datos Forenses, administrado por la Fiscalía General de la República (FGR).
La intención es evitar que datos que podrían ayudar a localizar a una persona desaparecida o identificar restos humanos permanezcan dispersos entre distintas instituciones.
El amparo fue admitido por una jueza federal, por lo que el asunto ya se encuentra en una etapa judicial que podría tener consecuencias para las autoridades responsables de estos registros.
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La demanda fue presentada por Brenda María Valenzuela y Margarita López, quienes señalaron como acto reclamado la omisión de garantizar la interconexión de las bases de datos forenses de las entidades federativas con el Banco Nacional de Datos Forenses.
En términos prácticos, buscan que la información que manejan las fiscalías pueda utilizarse de manera conjunta para fortalecer las labores de búsqueda e identificación humana.
El problema que plantea la demanda es relevante porque una persona puede desaparecer en una entidad y sus restos ser localizados en otra.
Si los registros no se encuentran debidamente conectados, una posible coincidencia entre los datos de una persona desaparecida y los de restos humanos podría no detectarse oportunamente.
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Por ello, el planteamiento busca que las autoridades no trabajen con información aislada, sino que puedan aprovechar los registros disponibles en distintas partes del país.
La admisión del amparo también obliga a las fiscalías a informar, en un plazo de 48 horas, sobre el estado que guarda la interconexión de sus bases con el sistema nacional, de acuerdo con la información publicada por El Siglo de Durango el 12 de octubre de 2026.
El Banco Nacional de Datos Forenses está diseñado para integrar información útil para la búsqueda, localización e identificación de personas. Entre los registros contemplados se encuentran datos genéticos, información sobre personas fallecidas no identificadas y registros relacionados con fosas comunes y clandestinas.
De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el sistema debe permitir consultas y cruces de información orientados a localizar personas con vida y, cuando sea necesario, utilizar datos forenses para su identificación.
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Si la interconexión funcionara de manera efectiva entre las instituciones responsables, podría facilitar tres tareas fundamentales:
Esto no significa que conectar las bases de datos garantice encontrar a una persona desaparecida. La utilidad del sistema también depende de que los registros estén actualizados, sean confiables y contengan información suficiente para realizar las comparaciones.
Sin embargo, una conexión efectiva podría ofrecer a las autoridades más herramientas para aprovechar los datos que ya existen.
La importancia del amparo radica en que la demanda no se limita a exigir información sobre la desaparición de Carlos Emilio. Busca que se revise una obligación institucional relacionada con el funcionamiento de los registros forenses a nivel nacional.
Una resolución favorable podría fortalecer la exigencia de que las fiscalías cumplan con sus responsabilidades de coordinación e interconexión. El alcance concreto dependerá de lo que determinen los tribunales y de las medidas que eventualmente ordenen.
El Banco Nacional de Datos Forenses no es una herramienta nueva: su operación comenzó formalmente el 29 de mayo de 2023. Sus lineamientos contemplan la integración gradual de bases de datos federales, estatales y municipales relevantes para la búsqueda e identificación de personas.
Por eso, el punto central de la controversia no es únicamente crear una plataforma, sino garantizar que la información de las distintas instituciones pueda incorporarse, consultarse y utilizarse efectivamente.
Si el juicio establece obligaciones concretas para corregir las deficiencias señaladas, el caso podría convertirse en un referente para otras familias que exigen búsquedas más coordinadas y respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
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Aunque la jueza federal admitió la demanda, también negó la suspensión provisional solicitada por las promoventes. Según la información difundida por Brenda Valenzuela y retomada por El Siglo de Durango, la resolución consideró que conceder esa medida implicaría otorgar un beneficio de carácter permanente.
Ante esa decisión, las madres buscadoras presentaron un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal. Además, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción para revisar el asunto.
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La audiencia constitucional quedó programada para el 19 de noviembre de 2026, fecha prevista para analizar el fondo del juicio.
Por lo tanto, hasta el 13 de octubre de 2026, no puede afirmarse que exista una sentencia definitiva que obligue a transformar el funcionamiento de las bases forenses de todo el país. La solicitud de intervención de la Suprema Corte tampoco significa que el máximo tribunal ya haya aceptado atraer el caso.
Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven de 21 años originario de Durango, desapareció durante la madrugada del 5 de octubre de 2025, mientras se encontraba con familiares en el establecimiento Terraza Valentino, en Mazatlán, Sinaloa.
De acuerdo con la información difundida entonces por medios nacionales, el joven se dirigió al baño del lugar y ya no regresó. Desde su desaparición, su madre ha mantenido la búsqueda y ha exigido respuestas a las autoridades.
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Ahora, mediante este amparo, Brenda Valenzuela participa en una acción legal que busca atender una problemática que afecta a otras familias: la necesidad de que los registros forenses puedan relacionarse y utilizarse de manera coordinada.
Su demanda pone el foco en una cuestión fundamental para la búsqueda de personas: no basta con que existan datos en poder de las instituciones; también es necesario que puedan aprovecharse de manera efectiva para esclarecer desapariciones e identificar a quienes todavía no han sido reconocidos.
El posible cambio, entonces, no consiste en que un amparo resuelva por sí solo la crisis de desapariciones en México, sino en que pueda impulsar obligaciones concretas para conectar la información forense y fortalecer las herramientas de búsqueda.
Para las familias que siguen esperando respuestas, una coincidencia detectada a tiempo podría representar una oportunidad adicional para conocer el paradero de un ser querido.
