Pedirían Certificado de No Deudor Alimentario a candidatos que quieran participar en Durango
En este año, se inician los preparativos para la elección intermedia para elegir tanto a la cámara de diputados local como en la federal, por lo que instituciones electorales han arrancado sus trabajos.
Sin embargo, tanto en lo federal como en lo local, se piensan en hacer modificaciones a las leyes electorales y una tendría que ver con deudores de pensiones alimentarias.
Con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer la ética en el servicio público, la diputada Verónica González Olguín propuso reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango.
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Esto con la finalidad de establecer como requisito obligatorio la presentación del Certificado de No Deudor Alimentario para quienes aspiren a cargos de elección popular y a integrar órganos electorales.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora señaló que la justicia no puede ser indiferente ante la falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias, pues se trata de derechos fundamentales para que niñas y niños puedan vivir con dignidad.
González Olguín explicó que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y el Certificado de No Deudor Alimentario, respaldados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son herramientas legales que permiten garantizar que quienes buscan un cargo público actúen con responsabilidad y apego a la ley.
Aseguró que esta medida no tiene un carácter punitivo, sino preventivo y de justicia social, “este certificado no castiga, garantiza. Garantiza que la ley se aplique con justicia y que la niñez esté en el centro de las decisiones públicas”.
La iniciativa contempla que el Certificado de No Deudor Alimentario sea un requisito indispensable tanto para el registro de candidaturas a cargos de elección popular, como para quienes aspiren a fungir como presidentes, secretarios o consejeros electorales de los consejos municipales.
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Finalmente, Verónica González Olguín destacó que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo representa un deber legal, sino un compromiso moral con los derechos de niñas, niños y adolescentes, y una condición indispensable para fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas.
“La congruencia entre la vida personal y la función pública es clave para fortalecer la credibilidad del Estado. En Durango, el futuro se defiende con hechos, no con excusas”, concluyó.
