Durango

Esta es la cifra de mujeres que han buscado apoyo para abortar en Durango durante 2026

Colectivos feministas dieron a conocer las cifras sobre personas que quieren abortar en Durango

Colectivos feministas apoyan a mujeres que buscan interrumpir el embarazo. Foto: Si hay mujeres en Durango.
Colectivos feministas apoyan a mujeres que buscan interrumpir el embarazo. Foto: "Si hay mujeres en Durango".

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En el marco del Día Global por la Despenalización del Aborto, que se conmemora este 28 de septiembre, María Uribe Hernández , vocera de REDefine Durango, señaló que las colectivas continúan brindando apoyo ante las dificultades que enfrentan algunas mujeres para acceder a servicios de salud en Durango.

De acuerdo con la activista, los acompañamientos se realizan principalmente mediante información sobre el uso de medicamentos para la interrupción del embarazo, con base en protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuántas mujeres han solicitado apoyo para abortar?

En lo que va de 2026, el colectivo “La Bitácora de la Abortera” ha recibido más de 800 mensajes de mujeres que buscan interrumpir un embarazo, de los cuales se han concretado 320 acompañamientos.

En rueda de prensa, Uribe Hernández explicó que las organizaciones trabajan de manera autogestiva y en algunos casos los medicamentos se obtienen mediante donaciones, mientras que otras mujeres deben adquirirlos por cuenta propia.

Durante el encuentro se señaló que el costo puede superar los 600 pesos, dependiendo de las dosis requeridas.

¿Cuál es el impacto por practicarse un aborto?

 Uribe Hernández consideró que la situación también representa un problema de acceso relacionado con las condiciones económicas, debido a que no todas las mujeres cuentan con recursos para adquirir medicamentos o trasladarse a otras entidades donde la interrupción voluntaria del embarazo ya forma parte de los servicios institucionales.

Agregó que inclusive personas de otros estados han solicitado ayuda a este colectivo, como fue el caso del año 2025, en donde pudieron apoyar con información a seis personas.

Las activistas señalaron que las razones para interrumpir un embarazo son diversas y evitaron establecer una causa predominante, al considerar que hacerlo puede contribuir a estigmatizar a las mujeres que toman esa decisión.

Activistas reclaman al Congreso modificar el Código Penal

Por su parte, Julieta Hernández Camargo, presidenta de “Sí Hay Mujeres en Durango”, señaló que, a más de un año de una sentencia firme que declaró inconstitucional la penalización del aborto voluntario en Durango, el Congreso del Estado mantiene pendiente la modificación de los artículos correspondientes del Código Penal.

Hernández Camargo sostuvo que la resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito constituye cosa juzgada y, de acuerdo con su interpretación, no existe un recurso que pueda modificarla o revocarla.

Señaló que los artículos que penalizan el aborto voluntario fueron considerados inconstitucionales en la resolución judicial por ser contrarios a derechos humanos relacionados con salud, igualdad, no discriminación y libertad para decidir sobre la vida reproductiva..

¿Por qué no se ha podido legislar a favor de la despenalización del aborto?

Hernández Camargo cuestionó el tiempo que la actual Legislatura ha dedicado a controvertir judicialmente los efectos de la sentencia y consideró que durante ese periodo pudo haberse trabajado en una reforma al Código Penal.

“¿No pudo, acaso, aprovechar el tiempo para aprobar una reforma penal garantista que le permitiera superar el vicio constitucional que le fue señalado?”, señaló la activista.

Durante el encuentro, Manuela Ramírez Hernández, integrante de Sí Hay Mujeres en Durango, también abordó los casos de embarazos derivados de agresiones sexuales y las consecuencias que enfrentan las mujeres que continúan con embarazos que no decidieron.

Las integrantes de las colectivas reiteraron su llamado al Congreso de Durango para actualizar la legislación y avanzar en la despenalización del aborto, así como establecer mecanismos que permitan garantizar el acceso institucional a los servicios de salud.


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