Esto es lo que se debe saber de la nueva Ley de Transparencia de Durango
El Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Transparencia de Durango y hay nueva disposiciones.
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y sus Municipios, esto antes de concluir su periodo ordinario de sesiones.
Esta nueva Ley se dio con la finalidad de armonizar la legislación local en materia de transparencia y protección de datos personales con la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado.
¿Qué es lo que dice la Ley de Transparencia?
La ley establece de forma expresa que no podrá clasificarse como reservada la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, conforme al derecho nacional y a los tratados internacionales.
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Además, se garantiza que ninguna persona podrá ser objeto de inquisición judicial o administrativa por ejercer su derecho de acceso a la información, ni podrá restringirse este derecho por medios directos o indirectos.
La información únicamente podrá clasificarse como reservada de manera temporal por razones de interés público o seguridad nacional.
¿Cuántas iniciativas se presentaron para formar esta nueva ley?
El Poder Legislativo sometió a consideración la ley es resultado del análisis y dictaminación de tres iniciativas presentadas de manera independiente por los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Morena, las cuales fueron estudiadas en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado contiene 198 artículos distribuidos en ocho títulos, y es reglamentaria a ambas constituciones, tanto la federal como la local.
¿Qué pasará con el organismo de transparencia?
El Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales transferirá los recursos materiales y financieros correspondientes a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado.
Estos podrán formar parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, toda vez que es quien asumirá las funciones sustantivas del Instituto.
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El ordenamiento establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, ente o institución de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además de municipios, órganos constitucionalmente autónomos; partidos políticos; fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
Asimismo, se dispone que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos establecidos por los tratados internacionales, la Ley General y la legislación aplicable.
