La Fiscalía Anticorrupción de Durango informa que obtuvo sentencia condenatoria contra un ex funcionario de Pueblo Nuevo
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de un exfuncionario del municipio de Pueblo Nuevo.
El pasado 29 de mayo, la FECCED dio a conocer sobre la captura de esta persona, quien enfrentó un proceso legal, derivado del cual recibió una "mini" condena.
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José Manuel Rangel Sierra fue procesado legalmente por su responsabilidad en el delito de abandono del servicio público, previsto en el artículo 330 del Código Penal vigente en la entidad.
José Manuel se desempeñaba como asesor jurídico del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pueblo Nuevo (SIDEAPAS), cargo por el que percibía una remuneración económica.
Sin embargo, a partir del 1 de septiembre de 2025, dejó de presentarse de manera injustificada a su centro de trabajo sin haber presentado su renuncia ni notificado su ausencia a su superior jerárquico.
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La Fiscalía señaló que el exfuncionario también incumplió con la entrega de los asuntos, documentos, bienes y responsabilidades que estaban bajo su resguardo, situación que afectó el adecuado funcionamiento del organismo operador, mientras continuaba recibiendo el salario correspondiente.
Como resultado del procedimiento penal, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria e impuso a José Manuel Rangel Sierra una pena de un mes y 15 días de prisión.
Además, deberá cubrir una multa de mil 18.26 pesos, así como el pago por concepto de reparación del daño por 18 mil 693 pesos.
La FECCED exhorta a la población a denunciar cualquier acto de corrupción cometido por funcionarios estatales y municipales mediante sus diferentes vías de contacto.
La denuncia puede ser presencial por escrito, o bien, mediante las siguientes vías:
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango destacó que esta resolución forma parte de las acciones para investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos.
Asimismo, reiteró su compromiso de fortalecer la legalidad, la rendición de cuentas y el correcto ejercicio del servicio público, mediante la aplicación de la ley contra quienes incumplan con sus obligaciones.
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