Se han registrado amenazas en escuelas de Durango que fueron producto de un reto por redes sociales.
En las últimas semanas, diversos planteles educativos en Durango han suspendido clases tras la aparición de presuntas amenazas vinculadas a un supuesto “reto” difundido entre estudiantes, en donde advierten sobre tiroteos.
Entre las instituciones afectadas se encuentran el CBTIS 130, el ITD, dos secundarias y recientemente la Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA), lo que ha generado inquietud entre padres de familia, docentes y autoridades.
Cada incidente ha derivado en la movilización de corporaciones de seguridad, con revisiones exhaustivas en las instalaciones escolares.
Este despliegue de elementos ha provocado debate social, ya que algunos sectores consideran que las medidas son necesarias para prevenir riesgos, mientras que otros cuestionan si se trata de reacciones desproporcionadas ante posibles falsas alarmas.
Te puede interesar....
Las autoridades han señalado que, ante cualquier indicio de amenaza, se debe actuar bajo protocolos de seguridad, priorizando la integridad de la comunidad estudiantil.
Algunas voces indicaban que los estudiantes que amenazan con tiroteos en escuelas, incurren en delitos contemplados por el artículo 310 del Código Penal del Estado, que contempla sanciones de 2 a 15 años por "sabotaje".
Sin embargo, especialistas consultados por POSTA señalan que no existen elementos suficientes para que se tipifique como tal delito.
Se explica que el tipo penal de sabotaje exige condiciones específicas: que exista la intención de trastornar gravemente la vida económica o cultural del Estado, o de afectar su capacidad para mantener el orden público, además de causar daño, destrucción o entorpecimiento de servicios públicos o instituciones.
Asimismo, se indica que acciones como dejar mensajes en baños, realizar bromas o difundir amenazas falsas, aunque generan alarma y movilización policial, no necesariamente cumplen con los elementos del sabotaje.
Te puede interesar....
En estos casos, podrían configurarse como conductas por el uso indebido de sistemas de emergencia, amenazas o faltas administrativas, si los responsables son menores de edad, el proceso se canaliza a través del sistema de justicia para adolescentes.
El delito de sabotaje podría configurarse si se trata de acciones organizadas y dolosas que busquen afectar gravemente el funcionamiento de una institución o del Estado.
Por ejemplo, la destrucción de infraestructura escolar, sistemas eléctricos, redes de comunicación o accesos, con el objetivo de impedir el servicio educativo o distraer recursos de seguridad pública de manera significativa.
Después de lo sucedido en la FECA, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) manifestaron que podrían un castigo ejemplar a quien difundió la presunta amenaza por WhatsApp.
Además autoridades educativas y especialistas coinciden en que, aunque muchas de estas situaciones podrían tratarse de bromas, sus consecuencias son serias: suspensión de clases, afectación académica y movilización de recursos públicos.
Por ello, hacen un llamado a estudiantes y padres de familia a fomentar la responsabilidad y evitar conductas que, aunque parezcan inofensivas, pueden derivar en sanciones legales y generar un clima de incertidumbre en la comunidad escolar.
