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La Fiscalía Anticorrupción de Durango informó que se siguen generando órdenes de aprehensión contra servidores públicos que han estado involucrado en actos de corrupción, de los cuales han derivado en detenciones y multas.
En este sentido, se informó por parte de este organismo que se obtuvo una nueva orden de aprehensión contra un ex funcionario de Gómez Palacio quien habría incurrido en la venta de una plaza.
¿Qué fue lo que sucedió?
Un servidor público del Ayuntamiento de Gómez Palacio enfrenta una nueva orden de aprehensión, luego de que presuntamente ofreciera una plaza sindicalizada a cambio de 120 mil pesos, de los cuales habría recibido 75 mil.
La nueva orden fue emitida por hechos distintos a los que derivaron en su anterior detención y está relacionada con una nueva denuncia presentada ante la autoridad anticorrupción.
Habría ofrecido una plaza sindicalizada por 120 mil pesos
Para concretar el supuesto ingreso, habría solicitado 120 mil pesos, bajo la promesa de que podía garantizar la obtención del puesto.
La persona afectada habría entregado 75 mil pesos al imputado, con la expectativa de conseguir el empleo. Sin embargo, la plaza no habría sido otorgada, lo que habría generado un perjuicio económico para la víctima.
Nueva denuncia permitió iniciar otra investigación
A raíz de estos hechos, la Contraloría Municipal de Gómez Palacio presentó una nueva denuncia ante la FECCED.
El Ministerio Público especializado realizó los actos de investigación correspondientes, integró una nueva carpeta de investigación y posteriormente obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra el señalado.
La Fiscalía precisó que este segundo mandamiento judicial corresponde a hechos distintos y derivados de una denuncia diferente a la que originó su anterior proceso.
Cumplimentan orden dentro del Cereso
Elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción (PIDC) cumplimentaron la nueva orden directamente en el Centro de Reinserción Social del Estado de Durango.
Gerardo N ya se encontraba interno en dicho centro penitenciario debido a un proceso diverso, por lo que no fue necesario realizar un operativo de localización fuera del penal.
Ahora corresponderá a la autoridad judicial competente determinar su situación jurídica respecto de este segundo caso.
La FECCED señaló que los hechos son investigados como probable delito de Exacción Fraudulenta, contemplado en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango.
Cabe recordar que, conforme al principio de presunción de inocencia, toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente que determine su responsabilidad.