La regidora Mariana Verduga señala que en el 2025 más de 100 niñas en Durango se convirtieron en madres
El embarazo infantil y adolescente es un problema de salud pública en el que intervienen diversos factores y, por lo tanto, requiere una atención integral. Durango, no está exento de dicha problemática.
A nivel nacional se ha implementado un programa denominado “Cero Niñas Madres”, el cual tiene como meta eliminar el embarazo entre niñas menores de 15 años de edad al 2030, objetivo que amerita la participación de los tres órdenes de Gobierno y la sociedad en general.
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De acuerdo con los datos otorgados por la regidora Mariana Verduga Palencia, de Movimiento Ciudadano (MC), en el 2025 se registraron 125 nacimientos cuyas madres son niñas menores de 14 años de edad en el estado.
“Estos datos visibilizan una realidad que muchas veces permanece oculta: niñas enfrentando maternidades forzadas, con impactos profundos en su salud, su educación y su proyecto de vida. Este no es solo un tema estadístico, es un tema de derechos de la niñez”, expresa.
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Mariana Verduga Palencia, regidora de Durango. | Video: Cortesía.
Verduga Palencia manifiesta que el embarazo infantil debe ser atendido desde un enfoque de protección integral, pues en muchos casos se encuentra vinculado con violencia sexual o abuso, debido a que las niñas menores de 14 años no pueden otorgar consentimiento.
En cuanto al embarazo adolescente, la regidora recuerda que Durango se ubica entre las entidades con las tasas más altas en México, con 71.5 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años, de acuerdo con datos de la ENADID 2023 del INEGI, lo que coloca al estado en el cuarto lugar nacional.
La regidora señala que, ante esta problemática, se debe trabajar de manera coordinada con escuelas, familias y comunidades para generar entornos de cuidado, confianza y prevención.
“La prevención del embarazo infantil es una responsabilidad compartida entre autoridades, familias y sociedad. El embarazo infantil es una forma de violencia contra las niñas, y como autoridades tenemos la obligación de generar políticas públicas que las protejan”, afirma.
Desde su punto de vista, se debe reforzar la educación sexual y mejorar el acceso a los servicios de salud, en especial en las zonas rurales e indígenas, en donde las niñas y adolescentes enfrentan mayores riesgos, incluso por cuestiones culturales.
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