Los diputados de Durango aprobaron reformas constitucionales para definir las áreas que asumirán las funciones de transparencia del IDAIP
Debido a las reformas legales efectuadas por el Congreso de la Unión, oficialmente desapareció el Instituto Nacional de Acceso de la Información y Protección de Datos Personales, conocido popularmente como el INAI.
Con estos cambios a la ley, las entidades federativas armonizaron su legislación para desaparecer los organismos que atendían dicho tema y pasar sus atribuciones a otras áreas. En Durango, dichos cambios continúan.
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Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó las reformas constitucionales para que parte de las funciones del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) las asuma ahora el Tribunal de Justicia Administrativa.
En sesión ordinaria, los integrantes de la Septuagésima Legislatura avalaron que sea dicho Tribunal la instancia encargada de conocer y resolver el recurso procesal que se interponga en esta materia.
Es decir, este Tribunal será quien atienda y resuelva los recursos de inconformidad promovidos por los ciudadanos cuando un ente obligado no entregue la información solicitada o bien, asuntos relativos con el manejo de los datos personales, tareas que antes eran competencia del IDAIP.
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En el caso del Poder Ejecutivo, su órgano de Contraloría tendrá la obligación de diseñar políticas públicas y mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de transparencia en todas sus dependencias y entidades.
El Poder Legislativo, por su parte, deberá garantizar este derecho mediante su órgano interno de control o su área homóloga, asegurando que el Congreso cumpla plenamente con sus obligaciones en la materia.
En el Poder Judicial, el órgano interno de control será responsable de vigilar el adecuado manejo de la información y el respeto a la protección de datos personales.
Con las reformas efectuadas, los 39 municipios deberán contar con áreas responsables de transparencia que atiendan solicitudes, mantengan actualizada la información y coordinen la publicación de datos.
La vigilancia sobre el cumplimiento municipal recaerá en el órgano encargado de la Contraloría del Poder Ejecutivo.
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