El diagnóstico de la CNDH colocó a diez penales mexiquenses con calificaciones reprobatorias
Diez de los 21 centros penitenciarios evaluados en el Estado de México reprobaron la supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al obtener calificaciones inferiores a seis en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025.
En junio de este mes, familiares de reclusos se manifestaron por la calidad de vida que vivían dentro de los centros penitenicarios.
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El sistema penitenciario del Estado de México enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad y condiciones de internamiento. De acuerdo con los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, diez de los 21 centros carcelarios evaluados en la entidad obtuvieron calificaciones inferiores a seis.
El Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán fue el peor evaluado, con una puntuación de 4.62. Le siguieron los penales de Zumpango, con 4.93, y Jilotepec, con 4.95.
La lista de establecimientos con resultados reprobatorios también incluye los centros penitenciarios de Ixtlahuaca, El Oro, Lerma, Santiaguito ubicado en Almoloya de Juárez, Neza-Bordo y Juan Fernández Albarrán, conocido como Barrientos, en Tlalnepantla.
En contraste, los otros 11 establecimientos evaluados obtuvieron calificaciones de entre 6.35 y 7.24. Sin embargo, el promedio general del sistema penitenciario mexiquense fue de 6.21, lo que refleja que todavía existen áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de reclusión.
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Entre los principales problemas detectados en las cárceles mexiquenses se encuentra la insuficiencia de personal de seguridad y custodia. Según los resultados difundidos sobre la evaluación estatal, esta deficiencia se identificó en los 21 centros supervisados, una situación que puede dificultar la vigilancia, la prevención de agresiones y la protección de las personas internas.
A este problema se suma la sobrepoblación, registrada en 17 establecimientos, así como el hacinamiento, identificado en 15. Estas condiciones pueden limitar el acceso a espacios adecuados, complicar la prestación de servicios básicos y obstaculizar la atención individualizada de quienes cumplen una medida o sanción penal.
En el ámbito nacional, la CNDH informó que el 98.9% de los centros visitados presentó deficiencias en la clasificación de las personas privadas de la libertad; en el 93.1% se detectaron programas insuficientes para prevenir y atender incidentes violentos, mientras que el 92.3% reportó insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
Asimismo, el organismo encontró deficiencias en los servicios de salud en el 77% de los establecimientos supervisados. Aunque estos porcentajes corresponden al panorama nacional y no exclusivamente al Estado de México, reflejan algunos de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario mexicano.
Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, llamó a transformar el modelo penitenciario para que deje de centrarse únicamente en el castigo y avance hacia un sistema humanista que permita una reinserción social efectiva.
Por su parte, Nestora Salgado García, directora general y encargada del despacho de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, advirtió sobre la disminución de las calificaciones en distintos sistemas penitenciarios y la persistencia de incidentes violentos durante 2025 y lo que va de 2026.
Ante este panorama, el organismo exhortó a las autoridades penitenciarias a contratar más personal de seguridad y custodia, combatir el hacinamiento, mejorar la calidad y suficiencia de los alimentos y garantizar espacios adecuados para la población interna.
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