La mujer enfrenta un proceso por el delito de homicidio calificado, tras un incidente ocurrido en abril de 2025 en su vivienda.
La salida de Carlota Alfaro del penal de Chalco ha generado atención pública, luego de que la mujer de 74 años reiterara que los hechos por los que es acusada ocurrieron en un contexto de defensa propia.
La mujer enfrenta un proceso por el delito de doble homicidio calificado, tras un incidente ocurrido en abril de 2025 en su vivienda ubicada en la comunidad de Candelaria Tlapala, donde dos hombres perdieron la vida por disparos de arma de fuego.
De acuerdo con su postura, la agresión ocurrió en el momento en que personas ingresaron a su propiedad, lo que derivó en una reacción para proteger su integridad y la de su familia. Este argumento se ha mantenido como el eje central de su defensa legal.
El caso ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la legítima defensa en situaciones de invasión de vivienda, especialmente en zonas donde habitantes han denunciado problemas relacionados con la ocupación irregular de inmuebles.
Vecinos de la zona han manifestado su respaldo a la mujer, al considerar que actuó ante una situación límite. Incluso, han señalado que en la región existen antecedentes de conflictos por viviendas invadidas, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.
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La tarde del 1 de abril, las puertas del penal de Chalco se abrieron para permitir la salida de Carlota Alfaro, quien abandonó el centro penitenciario bajo un dispositivo de seguridad.
La decisión se dio luego de que una jueza determinara modificar su medida cautelar, permitiéndole continuar su proceso en prisión domiciliaria, debido a su edad y estado de salud.
A su salida, fue acompañada por elementos de seguridad y posteriormente trasladada a un domicilio particular.
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Tras su liberación, Carlota Alfaro fue trasladada al municipio de San Vicente Chicoloapan, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúa el proceso judicial en su contra.
El trayecto desde el penal tuvo una duración aproximada de 50 minutos, cubriendo una distancia cercana a los 29 kilómetros. En ese lugar deberá cumplir con las condiciones impuestas por la autoridad judicial.
Durante este periodo, se mantendrá bajo supervisión y deberá atender las disposiciones legales correspondientes, mientras se determina su situación jurídica.
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