La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, denunció irregularidades en el proceso judicial contra Guadalupe Martínez, mujer otomí sentenciada a 50 años de prisión en el Edomex
María Guadalupe Martínez, integrante de la comunidad otomí, fue condenada a 50 años de prisión por un juez del Estado de México.
Sin embargo, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, denunció que el proceso judicial de Guadalupe presenta diversas irregularidades, por lo que expresó su apoyo a la familia de la sentenciada a través de redes sociales.
Cabe destacar que, en el Estado de México, miles de personas indígenas enfrentan retrasos e injusticias en sus procesos judiciales, por lo que el caso de Guadalupe no es un hecho aislado.
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De acuerdo con la información del caso, Guadalupe Martínez fue acusada de secuestro. Todo comenzó en noviembre de 2021, cuando decidió separarse de su exmarido debido a violencia doméstica y solicitó la guardia y custodia de sus dos hijos, además de pensión alimenticia.
A partir de ese momento, comenzó a recibir diversas acusaciones en su contra, que fueron desde abuso sexual y tentativa de feminicidio, hasta finalmente secuestro, en junio de 2022.
Aunque los delitos de abuso sexual y tentativa de feminicidio fueron desacreditados, un juez terminó condenándola a 50 años de prisión por secuestro.
Todas las denuncias fueron presentadas por la pareja sentimental del exmarido de Guadalupe.
La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, señaló que el caso de Guadalupe muestra fallas graves en el debido proceso, pues no tuvo acceso a un intérprete de su lengua materna (otomí) durante gran parte del juicio.
Esta falta de traducción le impidió comprender plenamente los cargos y procedimientos legales en su contra. Lo irónico, según su defensa, es que solo cuando recibió la sentencia se le proporcionó una traductora designada por el Estado.
Citlalli Hernández ha manifestado su cercanía con la familia de Guadalupe y aseguró que seguirá el caso de cerca para evitar que más mujeres indígenas vivan injusticias similares.
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De acuerdo con organizaciones sociales y la defensa legal, el juez Víctor Martín Mejía Hernández y el Ministerio Público Raúl Amauri Velázquez Jaimes habrían descartado pruebas de inocencia y recursos legales presentados durante el juicio.
Estas irregularidades reflejan una problemática más amplia: muchas personas indígenas enfrentan discriminación, falta de traductores y abuso de autoridad dentro del sistema judicial.
La escasez de intérpretes, defensores públicos que hablen sus lenguas y comprendan sus contextos culturales provoca que sus derechos sean vulnerados constantemente.
El caso de Guadalupe Martínez recuerda el de Jacinta Francisco Marcial, también mujer otomí, acusada injustamente de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Jacinta fue condenada a 20 años de prisión pese a las irregularidades en su proceso. Tras pasar tres años encarcelada, fue liberada y, años más tarde, la entonces PGR le ofreció una disculpa pública por los abusos cometidos.
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