El Congreso del Estado de México aprobó endurecer las sanciones por delitos sexuales. La nueva reforma, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez, establece penas de hasta 20 años de prisión.
El Congreso del Estado de México ha estado trabajando en varias mejoras legales importantes para la sociedad.
Recientemente, una diputada de Morena propuso que las tareas dentro del matrimonio se repartan bajo el principio de corresponsabilidad familiar, tal como lo indican el Código Civil y la Ley de Igualdad estatal. Esto se refiere específicamente a la poca participación de los hombres en las labores del hogar.
Ahora, se ha impulsado otra reforma significativa para endurecer las sanciones por delitos sexuales, incluyendo el hostigamiento sexual. Esta iniciativa fue propuesta por la legisladora morenista Brenda Colette Miranda Vargas y respaldada por la gobernadora Delfina Gómez.
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El principal objetivo de esta reforma es garantizar la protección más amplia de las personas y lograr la reparación integral de los daños a las víctimas. Con esto, se busca transformar de manera positiva la vida de los habitantes del Estado de México.
Para lograrlo, se propone:
Las penas de prisión por abuso sexual aumentan según la gravedad de la agresión y los agravantes del caso. La sanción base será de hasta siete años de prisión, pero las penas pueden ir subiendo a:
Las multas y las penas se elevan si existen agravantes, como:
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Si el agresor es una persona que tiene una responsabilidad o un cargo de confianza sobre la víctima, como:
Además de la pena de cárcel, el agresor será destituido, inhabilitado (no podrá volver a ejercer ese cargo) y, según el caso, perderá la tutela, guarda o custodia de la víctima.
El hostigamiento sexual también tuvo una actualización en sus castigos, pues ahora se darán de 2 a 6 años de prisión a quienes cometan esta falta, más su respectiva multa.
La pena puede aumentar a la mitad si los agresores son:
Esta actualización en materia de abuso sexual y hostigamiento se suma a otras mejoras en seguridad integral, como la propuesta contra quienes cometan apropiación indebida de identidad digital (crear perfiles falsos en redes sociales) en la entidad o como la reforma en materia de abuso sexual infantil que elimina el límite temporal para denunciar.
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