La minuta de reforma constitucional establece restricciones sobre la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX
El Congreso del Estado de México aprobó, por mayoría de votos y como parte del constituyente permanente, la minuta enviada por el Senado de la República para modificar los requisitos de quienes busquen ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, de las gubernaturas y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La propuesta establece que las personas que aspiren a esos cargos no deberán tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de contar con ella, deberán renunciar antes de solicitar su registro como candidatura.
Durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana.
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La minuta, expuesta ante el pleno por la diputada Brenda Colette Miranda Vargas, señala que quienes ejerzan los cargos contemplados no podrán utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por un Estado extranjero, ejercer anteeste los derechos políticos correspondientes a su ciudadanía ni acogerse a su protección diplomática.
3 diputadas rechazaron que la doble nacionalidad debería ser un motivo para no poder acceder a cargos públicos de la república.| Foto: Congreso del Estado de México
La disposición forma parte de los requisitos constitucionales para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En el caso de quienes tengan una segunda nacionalidad, la reforma establece la renuncia a esta como condición previa al registro de la candidatura.
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Durante la discusión, los diputados Octavio Martínez Vargas y Maurilio Hernández, de Morena, así como Oscar González Yáñez, coordinador parlamentario del PT, se pronunciaron a favor de la minuta.
Octavio Martínez señaló que la reforma reconoce la participación de las personas mexicanas que viven en Estados Unidos, pero establece que quienes busquen gobernar deberán renunciar a la doble nacionalidad.
También vinculó la discusión con el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, conmemorado este 30 de septiembre, y recordó los principios de independencia contenidos en los Sentimientos de la Nación, presentados en el Congreso de Anáhuac en 1813.
Maurilio Hernández sostuvo que la medida busca proteger la soberanía de las instituciones, mientras que Oscar González afirmó que la reforma representa un mensaje hacia Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, y planteó la necesidad de mantener una posición de defensa de la soberanía nacional.
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Las diputadas María Mercedes Colín Guadarrama, del PRI, y Maricela Beltrán Sánchez y Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, expresaron su rechazo a la minuta durante el debate.
Mercedes Colín sostuvo que la nacionalidad constituye una condición jurídica, mientras que la lealtad corresponde a una conducta.
También señaló que la medida puede generar diferencias entre personas mexicanas y mencionó que más de 1.6 millones de personas residentes en el extranjero forman parte del padrón electoral, mientras que cerca de 20 millones cuentan con doble nacionalidad.
En relación con el Estado de México, indicó que la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en expulsión de población migrante hacia Estados Unidos y estimó que alrededor de 1.2 millones de mexiquenses viven en ese país.
Maricela Beltrán argumentó que la Constitución debe establecer reglas para conductas concretas y no partir de una presunción relacionada con la doble nacionalidad. También señaló que la renuncia a una nacionalidad extranjera podría requerir trámites ante autoridades de otro país.
Ruth Salinas consideró que la reforma restringe un derecho de las personas mexicanas y planteó, en cambio, medidas contra la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales y contra el nepotismo.
La minuta fue aprobada por el Congreso mexiquense como integrante del constituyente permanente y se suma al proceso legislativo federal para modificar las disposiciones constitucionales relacionadas con los requisitos para ocupar los cargos ejecutivos señalados.
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