Autoridades revisan alternativas jurídicas y de infraestructura para atender la sobrepoblación penitenciaria en el Estado de México.
La falta de espacio en las cárceles del Estado de México abrió la puerta a una revisión del modelo penitenciario estatal. El gobierno federal y las autoridades mexiquenses ya exploran alternativas para atender a los internos que actualmente permanecen en centros que operan por encima de su capacidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que mantienen coordinación con el Gobierno del Estado de México para buscar alternativas que permitan disminuir la saturación en los penales.
Entre las medidas que se revisan están la aplicación de beneficios jurídicos, como libertad anticipada, libertad condicionada y amnistías, además de la posibilidad de ampliar espacios existentes o construir nuevos centros penitenciarios.
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El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2026 del INEGI mostró que al cierre de 2025 los 23 penales del Estado de México tenían una sobrepoblación del 136 por ciento.
Mientras la infraestructura permite recibir a 15 mil 897 personas, la población alcanzó los 37 mil 661 internos, una diferencia que refleja la presión que existe sobre las instalaciones actuales.
El problema no se presenta de la misma forma en todos los centros penitenciarios. Algunos registran niveles críticos de hacinamiento, entre ellos:
En estos penales, la ocupación supera entre 200 y 500 por ciento la capacidad disponible.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han señalado que la sobrepoblación puede aumentar riesgos dentro de los centros penitenciarios. Entre los principales efectos están las dificultades para brindar atención médica, mayores riesgos de seguridad, posibles violaciones a derechos humanos y problemas relacionados con el autogobierno.
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Aunque todavía no existe una propuesta final, las autoridades analizan de dónde provendrían los recursos y cuál sería la estrategia más adecuada para ampliar la capacidad del sistema.
El propósito es evitar que los centros operen por encima de sus límites y mejorar las condiciones de quienes permanecen en ellos. La definición de los próximos pasos dependerá del análisis conjunto entre la Federación y el Estado de México.
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