Más del 42% de las personas privadas de la libertad en el Edomex no han recibido condena.
El Estado de México concentra la mayor población penitenciaria del país y enfrenta una de las crisis más severas en materia de procuración e impartición de justicia.
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De acuerdo con los datos más recientes del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 42% de las personas privadas de la libertad en los 21 centros penitenciarios estatalespermanecen sin recibir una sentencia condenatoria, lo que equivale a cuatro de cada diez internos.
Las cifras del INEGI muestran que el Estado de México alberga más de 37 mil personas privadas de la libertad, la cifra más alta entre las entidades federativas.
La penitenciaria de Bordo de Xochiaca se encuentra entre las principales cárceles con mayor porcentaje. |Foto: Observatorio de Prisiones
Sin embargo, el problema no se limita al número de internos. Los centros penitenciarios mexiquenses operan con una ocupación de 250.2 personas por cada 100 espacios disponibles, lo que significa que funcionan a más del doble de su capacidad instalada.
La sobrepoblación genera presión sobre los servicios médicos, la alimentación, los espacios de convivencia y las condiciones de seguridad dentro de los penales, además de dificultar los procesos de reinserción social previstos por la ley.
Diversos diagnósticos han señalado que el hacinamiento también incrementa el riesgo de conflictos internos y complica la adecuada separación entre personas procesadas y aquellas que ya cuentan con una sentencia definitiva.
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Uno de los datos que más llama la atención del censo es que el 100% de las personas adultas recluidas sin sentencia en el Estado de México permanece bajo la figura de prisión preventiva oficiosa.
Esta medida implica que, para determinados delitos establecidos en la Constitución, la persona acusada permanece en prisión mientras se desarrolla el proceso penal, sin que el juez valore otras medidas cautelares.
Penal Barrientos en Tlalnepantla.| Foto: TAMM Abogados Juveniles
La situación ha sido objeto de observaciones por parte de organismos nacionales e internacionales, que han advertido sobre los efectos de mantener a miles de personas privadas de la libertad durante largos periodos sin una resolución definitiva de su situación jurídica.
Los datos oficiales muestran que el retraso en los procesos judiciales continúa siendo uno de los principales retos del sistema de justicia penal, particularmente en entidades con una alta carga de asuntos como el Estado de México.
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La sobrepoblación impacta con mayor fuerza en algunos de los complejos penitenciarios más grandes del estado. Entre ellos destacan:
Estos centros de reinserción han sido señalados en distintos diagnósticos por enfrentar problemas relacionados con el hacinamiento y las condiciones de internamiento.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha documentado en diversos ejercicios deficiencias en infraestructura, insuficiencia de personal, acceso limitado a servicios médicos, problemas en la clasificación de la población penitenciaria y riesgos para la gobernabilidad al interior de algunos centros.
En conjunto, ambos instrumentos muestran un panorama complejo para el sistema penitenciario mexiquense, donde la combinación de sobrepoblación, prisión preventiva y rezagos judiciales continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades encargadas de la seguridad y la administración de justicia.
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