La FGJEM informa la baja de más de 500 servidores públicos y la vinculación a proceso de 93 elementos por delitos como cohecho y abuso de autoridad en el Estado de México.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó el informe de bajas del periodo de abril de 2025 a marzo de 2026. Las cifras indican que el 48.5 por ciento de los funcionarios que fueron dados de baja son agentes del Ministerio Público.
El total de servidores públicos que salieron de la institución suma 579 personas:
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Pese a que la mayoría de las bajas fueron voluntarias, 23 servidores presentaron su renuncia tras detectarse actos de corrupción. Además, durante el mismo periodo, la Fiscalía registró a mil 60 servidores públicos que fueron cambiados a diferentes áreas como parte del programa permanente de rotación de personal.
A estas cifras se le unen las investigaciones relacionadas con probables actos delictivos cometidos por policías de investigación, que suman 110 casos en municipios del Valle de México. De ese total, 67 casos se relacionaron con denuncias en redes sociales y 43 fueron reportados directamente por las víctimas.
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Al investigar los casos difundidos en redes sociales, 47 personas fueron relacionadas con los hechos; de ellas, 39 eran servidores públicos y 8 eran particulares. Debido a esto, 10 servidores públicos fueron separados de sus funciones, entre ellos un Coordinador Regional, dos Jefes de Grupo y siete Policías de Investigación.
Además, 40 elementos de la Policía de Investigación fueron cambiados de adscripción. También se iniciaron procedimientos internos en la Visitaduría General y en el Órgano Interno de Control para identificar y sancionar las malas prácticas. Como medida preventiva, se resguardaron 98 vehículos oficiales.
En el combate a la corrupción, se judicializaron 179 expedientes de investigación en contra de 538 servidores públicos por su probable responsabilidad en diversos delitos.
Hasta el momento, se ha logrado la vinculación a proceso contra 93 servidores públicos:
Los delitos por los que se les investiga incluyen abuso de autoridad, cohecho y el uso de objetos o documentos falsos o alterados.
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