La Fiscalía General de Justicia investiga el feminicidio de Diana Belén García, activista hallada sin vida en Edomex; dos detenidos enfrentan cargos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso de Octavio Enrique "N" y Diego Armando "N", señalados por su posible participación en el feminicidio de Diana Belén García Alfaro, activista y rescatista de animales en Tultitlán.
Ambos investigados también enfrentan posibles cargos por su presunta participación en la venta de estupefacientes y permanecerán bajo medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se amplía la investigación.
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Diana Belén, de 37 años, era reconocida por su labor de rescate y protección de perros en situación de abandono en el Valle de México.
En los meses previos a su muerte, había denunciado públicamente amenazas, agresiones físicas y hostigamiento tanto hacia ella como hacia los animales que cuidaba. Incluso a través de redes sociales mostró presuntas lesiones visibles sobre la muerte violenta de varios de sus perros.
El 18 de marzo de 2026, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de una mujer en la vía pública de la colonia Sierra de Guadalupe, en Tultitlán. Inicialmente, fue encontrada en calidad de desconocida y, un día después, su familia la reportó como desaparecida, permitiendo así a peritos establecer que se trataba de la activista.
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Diana Belén había advertido en redes sociales que enfrentaba amenazas y agresiones, y pedía ayuda para no "terminar siendo un número más". Su caso ha sido señalado por organizaciones defensoras de derechos humanos como un ejemplo de la vulnerabilidad de quienes se dedican al rescate animal y a denuncias ciudadanas.
La FGJEM indicó que Octavio Enrique "N", presuntamente pareja sentimental de Diana Belén, y Diego Armando "N" fueron ubicados en la región de Huehuetoca tras iniciar la investigación. Ambos fueron detenidos inicialmente por un delito distinto y posteriormente se les cumplimentó la orden de aprehensión por feminicidio.
Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la zona, donde un juez les impuso prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
De comprobarse su responsabilidad, podrían enfrentar penas de hasta 70 años de prisión cada uno. Sin embargo, la presunción de inocencia se mantiene hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.
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