La reforma al Código Penal protege bosques y ecosistemas, estableciendo castigos y multas para quienes realicen tala ilegal, abandonen residuos o dañen el medio ambiente.
La responsabilidad ambiental se vuelve prioritaria en el Estado de México. Ciudadanos, empresas y asociaciones ahora deben revisar sus permisos y prácticas ecológicas, ya que la reciente reforma al Código Penal incorpora el ecocidio como delito formal.
Abandonar residuos en barrancas, lotes baldíos o cuerpos de agua será castigado con cárcel y multas severas. Foto: Canva
Esta medida busca proteger ecosistemas, preservar la biodiversidad y garantizar que quienes dañen el medio ambiente enfrenten consecuencias legales.
Durante la sesión de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Protección Ambiental y Cambio Climático, se integraron tres iniciativas presentadas por diputados de Morena y del Partido Verde Ecologista de México. Entre las acciones tipificadas destacan:
Tala ilegal y daño a bosques.
Abandono doloso de residuos en lotes baldíos, barrancas o cuerpos de agua.
Manejo inadecuado de residuos electrónicos.
Contaminación por macroplásticos y contaminantes climáticos de corta duración.
Realización de obras sin autorización ambiental.
Entrega de información falsa o alteración de documentos para obtener permisos.
Dañar sistemas de monitoreo ecológico de manera dolosa.
Empresas deberán revisar sus permisos; alterar documentos ambientales ahora se considera un delito grave. Foto: Canva
El objetivo es sancionar daños graves, reiterados o irreversibles al entorno natural y combatir la corrupción en la gestión ambiental.
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La reforma aclara que actividades tradicionales, como el uso doméstico de leña en pequeñas cantidades, la recolección de ramas secas o la venta de árboles de Navidad de plantaciones legales, no serán sancionadas.
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen pasará al Pleno de la Legislatura para discusión y votación y, si se avala, será enviado al Ejecutivo estatal para su promulgación.
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Las penas van de seis a 12 años de prisión y se aplican multas de 500 a 2 mil días de salario. Además, se incluyen agravantes cuando el daño:
Sea irreversible.
Afecte áreas naturales protegidas.
Impacte especies en peligro de extinción.
Ponga en riesgo la salud humana.
Involucre servidores públicos o el uso de vehículos e instrumentos para facilitar la tala ilegal.
Los responsables también deberán implementar acciones de limpieza y restauración, asegurando la reparación del daño ambiental.
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