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Se entiende por violencia política de género a cualquier acción ejercida en la vía pública o privada que, usando elementos de género, intimide, anule o menosprecie el ejercicio de un cargo político de una o varias mujeres.
¿Cuántos registros por violencia política hay en el Estado de México?
Según la base de datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPSVPG), hasta el 17 de agosto de este año existen 543 registros acumulados. De ese total, 500 personas han recibido sanciones por ejercer esta conducta a nivel nacional.
Del total de sancionados en el país, 84 corresponden al género femenino y 412 a hombres, lo que implica que no solo los hombres ejercen violencia de género.
La base de datos también detalla la afectación según la función desempeñada: el 36.26 por ciento del total de víctimas son candidatas, el 30.52 por ciento regidoras, el 9.95 por ciento síndicas y el 7.76 por ciento presidentas municipales.
¿Cuánto tiempo permanecen en el registro tras cometer violencia política?
Las personas inscritas en el RNPSVPG pueden permanecer hasta seis años en la base de datos, según la gravedad de la falta cometida y las agravantes involucradas, como ser servidor público, candidato o profesional de los medios de comunicación.
Las faltas leves ameritan tres años de permanencia, una falta ordinaria cuatro años, una falta especial cinco años y los casos de reincidencia alcanzan el máximo de seis años.
¿En qué municipios del Estado de México hay más sanciones?
De las 29 personas sancionadas en territorio mexiquense por incurrir en violencia política de género, los municipios que concentran la mayor cantidad de faltas son:
Morelos: 9 personassancionadas
Tlalnepantla: 5 personassancionadas
Ocoyoacac: 3 personassancionadas
Esta base de datos es pública y permite consultar libremente el nombre del sancionado, su cargo, género, municipio, tipo de falta y si existe reincidencia.
Las autoridades electorales invitan a las ciudadanas a denunciar cualquier acto que vulnere sus derechos políticos para garantizar elecciones y cargos públicos libres de violencia en la entidad.