El caso federal por contrabando de combustibles mantiene bajo análisis a ocho personas mientras avanzan las diligencias judiciales.
El expediente por una presunta red dedicada al contrabando de combustibles sigue avanzando en el ámbito federal. Como parte de ese proceso, el exgobernador de Baja California, Ernesto "N", fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecerá bajo prisión preventiva.
Antes del traslado, la FGR integró una investigación que se desarrolló durante aproximadamente un año. El caso apunta a un presunto esquema de huachicol fiscal mediante el cual combustible habría ingresado al país con declaraciones aduaneras presuntamente falsas o incompletas, reportando volúmenes menores para evadir controles fiscales y aduaneros.
Además, las autoridades revisan posibles irregularidades en la importación, distribución y comercialización de hidrocarburos.
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Fue después de una audiencia que se prolongó por más de un día cuando un juez federal resolvió imponer prisión preventiva por los probables delitos de delincuencia organizada y contrabando.
El ingreso al penal ocurrió alrededor de las 11:00 horas bajo un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La investigación incluye a ocho personas. La resolución judicial estableció distintas medidas para los imputados:
La carpeta de investigación también relaciona a la empresa Ingemar. Ernesto "N" ha reconocido que fue accionista de esa compañía, aunque sostiene que únicamente participó en actividades vinculadas con trámites aduanales, argumento que forma parte de su defensa.
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La captura de Ernesto "N" ocurrió el 16 de julio en Ensenada, Baja California. El exmandatario hizo historia en 1989 al convertirse en el primer gobernador de oposición en la etapa contemporánea de México.
Con el exgobernador ya internado en el Altiplano, el proceso judicial continuará conforme avancen las diligencias. Será la autoridad federal la que determine, con el desarrollo de la investigación y las pruebas presentadas, la situación jurídica definitiva de todos los imputados.
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