La diputada Miriam Silva Mata presentó una reforma para castigar con severidad la explotación infantil y la esclavitud en menores, con agravantes cuando exista un vínculo familiar.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó ante el Congreso del Estado de México una propuesta para tipificar la explotación de niñas, niños y adolescentes como un delito grave, sugiriendo castigos que podrían alcanzar hasta los 30 años de cárcel.
Esta iniciativa, impulsada por la diputada Miriam Silva Mata, busca reformar tanto el Código Penal estatal como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo central es establecer una prohibición contundente contra cualquier acto que vulnere la integridad y los derechos humanos de los menores en la entidad.
Te puede interesar....
El proyecto de ley contempla sanciones de entre 10 y 20 años de prisión para cualquier persona que entregue, condicione, sustraiga o retenga a un menor de edad con la intención de someterlo a servidumbre.
Esto incluye modalidades como el trabajo o matrimonio forzado, la explotación laboral o cualquier tipo de esclavitud utilizada como método para saldar una deuda.
A estas sentencias se les podrían sumar 10 años adicionales si existen agravantes. Por ejemplo, cuando el delito es perpetrado por el propio deudor, por quienes ejercen la patria potestad, la tutela o la custodia, o por cualquier persona que tenga una relación de parentesco o autoridad sobre la víctima.
Te puede interesar....
La iniciativa estipula que la pena más severa también se aplicará en casos donde las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas, o bien, cuando los menores se encuentren en condiciones de pobreza extrema o marginación social.
Asimismo, se propone castigar a quienes ejerzan violencia contra familiares del deudor (como hijos menores o adultos mayores dependientes) con el propósito de exigir el pago de un adeudo.
Para estos supuestos, se plantean penas que van de los seis meses a los tres años de prisión, acompañadas de multas que oscilan entre los 180 y 360 días.
La urgencia de esta reforma se respalda en datos del INEGI de 2022, los cuales revelan que en el país existen 2.1 millones de menores de entre 5 y 17 años laborando en ocupaciones no permitidas. De este grupo, el 92.5 por ciento realiza actividades que se consideran peligrosas para su desarrollo y salud.
Las estadísticas también arrojan una realidad preocupante: el 12.2 por ciento de los menores que trabajan en estas circunstancias lo hacen para cubrir una deuda. Esta práctica es señalada por especialistas como una forma de esclavitud moderna que urge ser erradicada mediante marcos legales más estrictos.
Te puede interesar....
