Las alertas se encendieron en los bosques mexiquenses tras un fuerte enfrentamiento en San Pedro Atlapulco. Autoridades proponen penas más severas.
Los esfuerzos por conservar los bosques del Estado de México siguen manteniéndose firmes; los operativos realizados en municipios como Jilotzingo y Almoloya del Río lograron el cierre de tres predios dedicados a esta actividad ilícita.
Durante otro operativo conjunto donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Profepa, se logró el cierre de un centro clandestino de almacenamiento de madera en la colonia Celso Vicencio, en el municipio de Xonacatlán.
En este sitio se logró asegurar más de 73 mil metros cúbicos de madera, además de maquinaria pesada, equipo de procesamiento y una camioneta de carga.
Además de los operativos, las autoridades del Estado de México han propuesto endurecer las penas para las personas que cometan delitos relacionados con esta actividad.
Especialmente tras los hechos ocurridos el pasado 15 de junio en San Pedro Atlapulco, donde hubo un fuerte enfrentamiento entre comuneros y talamontes. La situación se tornó bastante grave, pues incluso hubo vehículos quemados durante el altercado.
Esta situación se volvió sumamente mediática y no pudo escapar del ojo público, por lo que la ciudadanía exige a las autoridades prestar atención inmediata ante el contexto de violencia y destrucción que azota a los pulmones mexiquenses.
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Según el Código Penal del Estado de México, en su artículo 228 sobre delitos contra el ambiente, una persona puede alcanzar penas que van de los dos a los ocho años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.
Este castigo se aplica por acciones como provocar un incendio forestal, derribar o trasplantar un árbol en la vía pública sin el permiso correspondiente, entre otras conductas relacionadas.
Por otra parte, en el artículo 229 se especifican otras acciones por las que se pueden alcanzar de doce hasta veinte años de prisión y de mil quinientos a tres mil días multa.
Esto involucra el uso de motosierras, sierras manuales o herramientas análogas y demás objetos utilizados para el daño y la destrucción de los montes o bosques de la entidad.
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La pérdida indiscriminada de árboles no solo cambia el paisaje de nuestros municipios, sino que genera consecuencias ambientales muy graves y permanentes para toda la población:
La meta principal de las autoridades locales con esta propuesta es frenar por completo el avance de los grupos delictivos en las zonas boscosas. Al catalogar la actividad como un delito grave, los implicados ya no podrán salir libres fácilmente y se facilitarán las investigaciones para desmantelar las redes de comercio ilegal de madera.
Además, se espera que con el aumento de los patrullajes y la participación ciudadana a través de las denuncias, se logre proteger el patrimonio natural del estado antes de que el daño sea irreversible.
La defensa de nuestros bosques es una tarea que nos toca a todos. Mantenernos informados y reportar cualquier actividad sospechosa en las zonas forestales es el primer paso para frenar este grave problema ecológico.
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