Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” dejaron el penal de Chalco tras la reclasificación del delito de extorsión agravada a abuso de autoridad. Ambos recibieron una sentencia, multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Los exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Edomex, Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, recuperaron su libertad luego de que una jueza modificó la clasificación del delito por el que eran investigados, en un caso relacionado con una presunta red de extorsión contra verificentros de la entidad.
La resolución judicial establece que ambos fueron sentenciados por abuso de autoridad, en lugar de extorsión agravada tras una investigación que comenzó tras denuncias sobre el cobro de cuotas a establecimientos de verificación vehicular, presuntamente a cambio de permitirles continuar con sus actividades.
Te puede interesar:
La jueza de Control del Distrito Judicial de Chalco impuso a los dos exservidores públicos una pena de un año y cuatro meses de prisión, además de multas de cinco mil 396 pesos y cuatro mil 772 pesos, respectivamente.
También ordenó su destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, sin embargo, ambos recibieron beneficios que les permiten sustituir la pena de prisión por el pago de una multa, por lo que pudieron abandonar el centro penitenciario.
Funcionarios liberados. Foto: Fiscalía del Edomex 
Como parte de las condiciones judiciales, deberán presentarse una vez al mes ante el Centro de Medidas Cautelares y tienen prohibido acercarse a las víctimas.
La Fiscalía General de Justicia del Edomex explicó que la reclasificación tomó en cuenta las declaraciones de personas afectadas, quienes señalaron que, después de las detenciones, pudieron continuar con sus actividades sin que se les exigieran pagos ilegales.
Te puede interesar:
Las investigaciones fueron informadas en agosto pasado cuando hallaron una presunta red que exigía pagos mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos a 145 de los 168 verificentros que operaban en el Estado de México.
Además, durante 2026 se habrían solicitado 500 mil pesos por cada una de las 878 líneas de verificación vehicular de la entidad, lo que representaría una exigencia adicional de cientos de millones de pesos.
De acuerdo con las estimaciones difundidas sobre el caso, el daño a la administración pública podría superar los mil 700 millones de pesos. Esta cifra forma parte de los cálculos relacionados con las presuntas irregularidades investigadas.
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos en agosto, cuando la Fiscalía mexiquense informó sobre las indagatorias contra una presunta estructura que habría exigido dinero a los responsables de centros de verificación vehicular.
El caso se relaciona con posibles cobros ilegales para permitir la operación de los establecimientos, así como con el uso de atribuciones de funcionarios vinculados con la supervisión de estos negocios.
Con la sentencia por abuso de autoridad, ambos exfuncionarios quedaron sujetos a las medidas judiciales establecidas, entre ellas las presentaciones periódicas y la prohibición de acercarse a las víctimas.
Te puede interesar:
