El Valle del Encanto en Jilotzingo busca frenar el crecimiento urbano mediante ecoturismo, protegiendo los bosques y generando ingresos para la comunidad
Los bosques de Jilotzingo, en el Estado de México, representan mucho más que un paisaje natural: son una fuente de agua y biodiversidad fundamental para el equilibrio ambiental del Valle de México. Sin embargo, su riqueza ecológica también ha despertado el interés de proyectos inmobiliarios que amenazaron con transformar amplias zonas forestales en desarrollos habitacionales.
Con cerca de 20 mil habitantes, este municipio mexiquense alberga ecosistemas que contribuyen a la recarga de los mantos acuíferos, la captura de dióxido de carbono y la regulación del clima.
Pese a su importancia, sus comunidades han tenido que organizarse para defender el territorio frente a iniciativas que consideran incompatibles con la conservación de sus recursos naturales.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió con el proyecto Bosque Diamante, que contemplaba la construcción de miles de viviendas en la reserva ecológica Espíritu Santo. La oposición vecinal, respaldada por especialistas y organizaciones civiles, consiguió frenar su avance mediante acciones legales y movilizaciones.
Jilotzingo se encuentra entre las cuencas del Lago de Guadalupe y la subcuenca del Lago Madín. Además, alrededor del 80 por ciento de su territorio está comprendido en dos áreas de relevancia ecológica: Espíritu Santo y el Parque Estatal Otomí-México.
Estas condiciones convierten al municipio en una zona estratégica para la conservación ambiental. No obstante, sus habitantes han enfrentado distintas amenazas, como el intento de instalar un confinamiento de residuos biológico-infecciosos en 2006 y la propuesta de construir un complejo habitacional más de una década después.
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En 2017, la autorización de Bosque Diamante encendió las alertas comunitarias. El plan contemplaba aproximadamente 20 mil viviendas, además de infraestructura comercial y de servicios. De acuerdo con la información proporcionada, su construcción habría implicado la tala de alrededor de 180 mil árboles y un crecimiento poblacional que presionaría los servicios y recursos locales.
Los habitantes recurrieron a especialistas, organizaciones ambientalistas y herramientas jurídicas para denunciar los posibles daños. Una suspensión judicial detuvo la tala y, tras detectar deficiencias en la evaluación de impacto ambiental, el proyecto obtuvo una suspensión definitiva en febrero de 2019.
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Aunque el desarrollo fue frenado, la defensa del territorio continúa. Entre las preocupaciones de los pobladores se encuentran los incendios forestales registrados desde 2020 y las denuncias por presunta tala ilegal en comunidades como Espíritu Santo y San Luis Ayucan.
El incendio ocurrido entre abril y mayo de 2024 afectó, según la información citada, cerca del siete por ciento del bosque, con consecuencias directas e indirectas. Ante este panorama, la organización comunitaria mantiene la exigencia de proteger el ecosistema y su patrimonio biocultural, cuya conservación también beneficia a otras zonas del Valle de México.
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