Una mujer fue agredida al exigir apoyo económico para la cirugía urgente de su hijo en Nextlalpan.
En el municipio de Nextlalpan, Estado de México, una mujer fue brutalmente agredida luego de acudir a exigir la pensión alimenticia para su hijo, quien requiere una intervención quirúrgica urgente.
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De acuerdo con el medio Quadratín Edomex, Teresa Martínez, abuela del menor, denunció que su hija fue golpeada por la actual pareja de su expareja, con la complicidad de un hombre.
La familia enfrenta una situación crítica, ya que el menor presenta un padecimiento que, de no ser atendido a tiempo, podría derivar en cáncer testicular. Según la denunciante, el padre del niño se ha negado a cubrir los gastos médicos, entregando únicamente 4 mil pesos, cantidad insuficiente para la cirugía.
La madre acudió al domicilio del hombre para solicitar más apoyo económico, pero fue recibida con violencia. Además de la agresión física, tanto ella como sus hijos fueron amenazados con sufrir nuevos ataques si insistían en exigir el cumplimiento de la obligación legal.
Ante estos hechos, la familia pide la intervención urgente de las autoridades para garantizar la seguridad de la madre y el menor, así como el acceso a la pensión alimenticia.
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Este caso no es aislado. En la Ciudad de México y el Estado de México, diversas mujeres han comenzado a organizarse para enfrentar los elevados costos de los procesos legales relacionados con pensión alimenticia, custodia y violencia vicaria.
A través de tandas semanales de 100 pesos, buscan financiar litigios que pueden costar entre 12 mil y 15 mil pesos y extenderse hasta por año y medio. Esta estrategia es impulsada por la organización Rojo y Morado, conformada por alrededor de 30 abogadas que brindan acompañamiento jurídico.
El objetivo es garantizar una defensa digna para mujeres que, en muchos casos, no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar procesos legales largos y complejos, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Otro caso que ha generado indignación es el de María Guadalupe “N”, conocida como Lupita, una mujer otomí originaria de Temoaya, quien fue sentenciada a 50 años de prisión por un presunto secuestro que, según su familia, no cometió.
De acuerdo con sus familiares, el conflicto inició cuando Lupita comenzó un proceso legal para exigir pensión alimenticia para sus hijos. Posteriormente, enfrentó múltiples acusaciones presuntamente promovidas por la misma persona.
Aunque fue absuelta en dos ocasiones, permaneció en prisión y finalmente recibió una condena que ha sido cuestionada por posibles irregularidades en el proceso. Entre ellas, la ausencia de pruebas clave como grabaciones de videovigilancia.
En conjunto, estos casos reflejan un panorama complejo en el que la violencia, la falta de recursos y posibles fallas en el sistema judicial dificultan que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y garantizar el bienestar de sus hijos.
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