La masacre de Texcapilla dejó 14 muertos en 2023. Conoce cuánto exigía La Familia Michoacana y qué pasó con los campesinos.
Una cancha de futbol en Texcapilla, comunidad de Texcaltitlán, Estado de México, se convirtió el 8 de diciembre de 2023 en escenario de un enfrentamiento que dejó 14 personas muertas: cuatro campesinos y diez presuntos integrantes de La Familia Michoacana.
Lo que debía ser una reunión para discutir el pago de extorsiones terminó en violencia. Los agricultores se negaban a entregar las cuotas que el grupo criminal les exigía por trabajar sus propias tierras, después de una temporada de cosechas complicadas.
La tragedia no terminó aquel viernes. Las familias enfrentaron el temor a represalias, desapariciones y una larga espera por respuestas de las autoridades.
Los testimonios recopilados después de la masacre señalaron que los presuntos extorsionadores exigían un peso por cada metro cuadrado de cultivo, equivalente a 10 mil pesos por hectárea.
Para una familia que trabajaba tres hectáreas, la cuota podía alcanzar los 30 mil pesos. El dinero era exigido a productores de haba y chícharo, quienes denunciaban que el cobro comprometía sus ingresos.
La presión no era nueva. Las investigaciones de la Fiscalía mexiquense documentaron que integrantes del grupo criminal habían impuesto cuotas a agricultores, comerciantes y otros sectores económicos de la región desde años anteriores.
En su cobertura del 8 de diciembre, POSTA relató cómo los campesinos de Texcapilla enfrentaron a presuntos integrantes de La Familia Michoacana.
El enfrentamiento ocurrió cerca del mediodía en un campo de futbol situado frente a una escuela primaria. Allí se reunieron habitantes de distintas comunidades y hombres armados vinculados, según las investigaciones, con La Familia Michoacana.
Los agricultores habían rechazado continuar pagando las cuotas. Durante la discusión, de acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, los presuntos integrantes del grupo criminal dispararon contra los pobladores.
Los habitantes respondieron con palos, machetes y otras herramientas. La confrontación fue grabada desde distintos puntos y las imágenes circularon ampliamente en redes sociales.
El saldo definitivo fue de 14 muertos y siete lesionados. Entre los fallecidos se encontraba Rigoberto de la Sancha Santillán, conocido como El Payaso, señalado como operador criminal de la región.
Posteriormente, la Fiscalía identificó a varios de los presuntos integrantes del grupo delictivo. POSTA publicó los avances sobre la identificación de ocho de los diez presuntos criminales fallecidos.
El 27 de diciembre de 2023, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que no ejercería acción penal contra los pobladores que participaron en el enfrentamiento.
La institución concluyó que los habitantes actuaron en legítima defensa, al determinar que habían sido objeto de una agresión armada por parte de los presuntos delincuentes.
La resolución también reconoció el contexto de amenazas y extorsiones que enfrentaban las comunidades de Texcaltitlán, donde los habitantes habían denunciado durante años la presencia del crimen organizado.
POSTA informó entonces por qué la Fiscalía determinó que los campesinos de Texcapilla no enfrentarían cargos penales.
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Tras el enfrentamiento, la preocupación de los habitantes aumentó por la desaparición de personas que vivían en Texcapilla y comunidades cercanas.
En diciembre de 2023, la Fiscalía llegó a reportar 14 personas desaparecidas, entre ellas cuatro menores de edad. Posteriormente, algunas fueron localizadas, pero otras familias continuaron sin conocer el paradero de sus seres queridos.
La situación provocó operativos de búsqueda, recompensas y el despliegue de fuerzas federales y estatales para proteger a la población.
En marzo de 2024, POSTA documentó la relación de una camioneta utilizada en otro caso delictivo con uno de los desaparecidos de Texcaltitlán.
La masacre provocó un despliegue de aproximadamente 600 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de operativos estatales para evitar nuevas agresiones.
Las autoridades también realizaron acciones contra presuntos puntos de vigilancia criminal en Texcaltitlán y municipios vecinos, aunque la presencia policial no eliminó las preocupaciones de los habitantes.
En agosto de 2025, familiares de nueve personas que seguían desaparecidas denunciaron que no habían recibido respuestas suficientes y exigieron reactivar las investigaciones.
POSTA recogió los testimonios de familias de Texcaltitlán que continuaban buscando a sus seres queridos casi dos años después de la masacre.
El caso de Texcapilla dejó al descubierto cómo el cobro de piso puede afectar directamente la vida de comunidades agrícolas. También mostró las consecuencias que persisten cuando una población enfrenta durante años amenazas, violencia y desapariciones.
