Lupita, mujer otomí de Temoaya, enfrenta graves acusaciones judiciales y una condena que ha movilizado a colectivos por posibles irregularidades y violaciones a sus derechos.
A pesar de superar una lluvia de demandas y fabricación de delitos, María Guadalupe Martínez, integrante de la comunidad otomí, fue condenada a 50 años de prisión por un juez del Estado de México.
La mujer, originaria del municipio de Temoaya, ubicado al sur de la entidad mexiquense, fue acusada por la pareja sentimental de su exesposo por presuntos delitos que cometió en su contra.
Lupita, como la conocen sus seres queridos, se ha convertido en un caso especial de presuntos actos de corrupción e irregularidades dentro del Poder Judicial del Estado de México.
La vida de Lupita cambió luego de vivir en unión libre con un hombre con quien procreó dos hijos. Sin embargo, en 2017 decidió separarse de él por actos de violencia que recibió.
Para noviembre de 2021 todo cambió para Guadalupe, al decidir iniciar un procedimiento para reclamar la guarda, custodia de sus hijos y el pago de la pensión alimenticia.
Según su versión, a partir de ese reclamo que asumía su derecho como madre comenzó lo que ella considera hostigamiento judicial y el inicio de las denuncias en su contra.
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Para enero de 2022, la pareja actual de su expareja sentimental la denunció por el delito de abuso sexual, días después por la tentativa de feminicidio y para junio de 2022 se formuló una denuncia por el delito de secuestro.
La presunta fabricación de las carpetas de investigación en su contra contó con apoyo de agentes del ministerio público, quienes trataron de comprobar que Lupita había privado de la libertad a la pareja de su expareja en un inmueble del Estado de México.
Finalmente, María Guadalupe fue detenida el 4 de julio de 2022, afuera de su domicilio y fue ingresada al Centro de Reinserción Social “Santiaguito” en Almoloya de Juárez.
Durante este periodo, la defensa de la mujer acusó de diversas irregularidades en su detención y proceso: no tuvo acceso oportuno a un intérprete de su lengua materna (otomí), lo cual habría vulnerado su derecho al debido proceso.
Por un año y diez meses permaneció en prisión preventiva, hasta que en mayo de 2024 lograron que continuara su proceso judicial en libertad, mediante el uso de brazalete electrónico. Luego el caso tuvo varios giros:
Ante ello, diversas organizaciones feministas e indígenas del país lanzaron llamados de condena para visibilizar el caso de Lupita. Señalan que es un caso de violencia estructural, donde la etnia, el género y la pobreza agravan la vulnerabilidad frente al poder judicial.
Aunque la condena ya fue confirmada, la defensa sigue de cerca la posibilidad de recursos de apelación o revisión de amparo que podrían cambiar la situación legal de María Guadalupe en los próximos días.
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