Denuncian presunta corrupción policial en Ecatepec por posible “siembra de evidencia” para despojos.
En un post en la red social X, del reportero Antonio Nieto (@siete_letras) se expone un vídeo de una cámara de vigilancia en la colonia Nueva Díaz Ordaz, en Ecatepec, un presunto caso de corrupción policial.
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Elementos de la policía municipal habrían introducido motocicletas con reporte de robo en una vivienda. Posteriormente, los uniformados cierran la puerta del inmueble y la aseguran desde el exterior con una cadena.
Los dueños del inmueble lo calificaron el acto como un despojo ilegal. La acción generó indignación y cuestionamientos sobre el actuar de los cuerpos de seguridad municipales.
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La práctica mostrada en el video podría tratarse de un presunto modus operandi conocido como “siembra de evidencia”. Este esquema consiste en introducir objetos ilícitos en inmuebles para posteriormente acusar a los propietarios de delitos y extorsionarlos con amenazas de despojo o procesos penales, exigiendo pagos para evitar dichas acciones.
Estas prácticas han sido asociadas en el pasado con diversos grupos criminales, como los llamados “Sindicatos” “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” y/o “Los 300”, “22 de octubre” y del grupo delictivo “Los Gastones”. En el caso de "Los 300", su ex líder Luis Alberto “N” , se dedicaba a amenazar con despojo, y pedir pagos mensuales.
Este tipo de despojos afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores. Casos similares han sido documentados en el Estado de México, entre ellos el de Lupita Chávez, una mujer de 102 años que fue víctima de un intento de despojo bajo circunstancias irregulares.
Si bien diversos inmuebles asegurados han sido devueltos a sus legítimos propietarios, bajo el Operativo Restitución con 627 inmuebles regresados a sus dueños, el video difundido recientemente evidencia que estas prácticas podrían persistir, incluso bajo la presunta protección de mandos policiales que deberían garantizar la seguridad ciudadana.
En este contexto, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad una reforma para ampliar las agravantes y elevar las penas por el delito de despojo hasta 25 años y seis meses de prisión, además de multas de hasta mil 500 días.
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