Habitantes de Lerma mantienen su rechazo por un presunto despojo de tierras y solicitan la intervención de autoridades estatales y federales.
La tensión por un presunto despojo de tierras en Santa María Tlalmimilolpan escaló hasta las puertas de Palacio de Gobierno del Estado de México, donde habitantes de esta comunidad de Lerma exigieron la intervención de las autoridades y la destitución del alcalde Miguel Ángel Ramírez Ponce por un conflicto relacionado con un terreno que consideran parte de su patrimonio.
La movilización no surgió de manera repentina. Desde la noche del 1 de junio, vecinos y ejidatarios comenzaron a reunirse para vigilar un predio ubicado en la colonia Reforma, ante lo que consideran una amenaza sobre la posesión de esas tierras.
Los habitantes sostienen que el espacio pertenece a la comunidad y que cualquier modificación afectaría derechos que han defendido durante años.
Además del valor patrimonial que le atribuyen, los inconformes afirman que una parte de la superficie corresponde a una parcela destinada a actividades educativas relacionadas con la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.
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Durante la protesta, los vecinos expresaron su rechazo a las decisiones del gobierno municipal y señalaron que no aceptarán acciones que alteren la situación actual del predio.
Entre sus principales exigencias destacan:
Los manifestantes aseguraron que continuarán atentos a cualquier movimiento relacionado con el terreno.
De acuerdo con los pobladores, la administración municipal pretende respaldar sus acciones mediante un acta de asamblea ejidal elaborada en 2013.
Sin embargo, los ejidatarios aseguran desconocer dicho documento y consideran que no puede utilizarse para justificar cambios sobre la propiedad o el destino de la superficie en disputa.
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Información vinculada al caso señala que en 2013 se aprobó la desincorporación de más de 23 mil metros cuadrados localizados junto a la carretera La Vuelta, en la colonia Reforma.
Parte de ese terreno fue utilizado posteriormente para la construcción de una macroplaza, una unidad deportiva y una alberca semiolímpica. Los cerca de 16 mil metros cuadrados restantes habrían sido reservados para una plaza cívica solicitada por autoridades auxiliares de la colonia.
Los inconformes solicitaron la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar el caso. También pidieron una postura pública del diputado Kalid Mohamed respecto al conflicto.
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