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Protestan en Toluca por cierre de anexos en Edomex y denuncian cacería tras operativos

Integrantes de centros de rehabilitación se manifiestan en la Plaza de los Mártires para exigir a la gobernadora Delfina Gómez el cese de operativos contra los anexos en la entidad.

Manifestantes en Toluca exigen mesas de diálogo con el Gobierno del Estado de México tras la clausura de 53 centros de rehabilitación por parte de la Fiscalía. Foto: Especial
Manifestantes en Toluca exigen mesas de diálogo con el Gobierno del Estado de México tras la clausura de 53 centros de rehabilitación por parte de la Fiscalía. Foto: Especial

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Luego de la reciente clausura de varios centros de rehabilitación para personas con adicciones, surgieron múltiples protestas en la entidad por parte de integrantes de estos anexos, quienes aseguran que los cierres forman parte de una "cacería" injustificada.

En total, las autoridades del Estado de México se dieron a la tarea de cerrar 53 anexos en municipios estratégicos como Ecatepec y Naucalpan.

Si bien las autoridades argumentan que estos cierres se deben a que los centros estaban relacionados con la presunta comisión de delitos graves, los integrantes y administradores de estos espacios no dudaron en manifestarse en la capital mexiquense para hacer oír su voz.

¿Qué sabemos de las protestas por el cierre de anexos en el Edomex?

La reunión tuvo lugar en la Plaza de los Mártires, en el municipio de Toluca, donde integrantes de diversos centros de rehabilitación exigieron el cese inmediato de los operativos en contra de los anexos.

La manifestación fue encabezada por la "Patrulla Espiritual", un centro de rehabilitación originario de Tijuana famoso en redes sociales por su particular forma de reclutar a sus integrantes.

Durante la movilización, se exigió a las autoridades total transparencia en los cateos y revisiones, bajo los siguientes argumentos:

  • Varios de los centros clausurados sí contaban con los permisos vigentes.
  • Tenían la regularización necesaria ante las instancias de salud, pero aun así fueron cerrados de manera injusta.
  • Se denunció el uso excesivo de fuerza en algunos de los procedimientos.

La inconformidad es tan grande que los colectivos han programado una reunión con la gobernadora Delfina Gómez, con el fin de exigir que no se criminalice a los centros de rehabilitación que brindan apoyo a personas con problemas de adicciones.

Los manifestantes sostienen que la administración estatal podría carecer del contexto real bajo el cual la Fiscalía llevó a cabo el cierre de estos 53 establecimientos.

Con pancartas y consignas, cientos de integrantes de centros de rehabilitación se congregaron frente a la sede del Poder Ejecutivo en Toluca. Foto: Especial

Con pancartas y consignas, cientos de integrantes de centros de rehabilitación se congregaron frente a la sede del Poder Ejecutivo en Toluca. Foto: Especial

¿Por qué denuncian una cacería tras los operativos en anexos del Edomex?

En la manifestación participó el director de uno de los centros recientemente clausurados en Naucalpan, quien solicitó a las autoridades distinguir correctamente entre los anexos que cuentan con documentación y personal especializado, de aquellos que realmente no cumplen con los requisitos de ley.

La denuncia de una "cacería" se fundamenta en los siguientes puntos expuestos por los manifestantes:

  • Algunos centros fueron clausurados bajo el argumento de "delitos graves" a pesar de que, según sus responsables, solo funcionaban como centros de apoyo.
  • En ciertos inmuebles cerrados no había personas internadas al momento del operativo, lo que desmentiría las acusaciones de privación de la libertad o hacinamiento.
  • El estigma generado por los operativos afecta la rehabilitación de quienes buscan salir de las adicciones.

En la movilización se hicieron presentes líderes nacionales de distintos anexos, entre ellos Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín”, líder de la “Patrulla Espiritual”.

"El Chiquilín", encabezó el contingente que pide a las autoridades del Estado de México diferenciar entre los centros regulados y aquellos que operan fuera de la ley. Foto: Especial

Los líderes y asistentes pidieron de manera conjunta que no se criminalice su labor social, la cual, aseguran, llena un vacío que el sistema de salud pública no siempre alcanza a cubrir.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), estos operativos suelen responder a investigaciones sobre trata de personas (como el caso de Almoloya), narcomenudeo o condiciones de salud insalubres;  sin embargo, los manifestantes insisten en que la justicia debe ser selectiva y no generalizada.


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