Walter Fernando y Claudio Cecilio recibieron una condena de 40 años por extorsionar a negocios locales en Chimalhuacán, tras un proceso legal de más de 6 años.
Dos sujetos dedicados a extorsionar a comerciantes en el Estado de México fueron encontrados culpables y recibieron una sentencia de 40 años de prisión en la zona oriente del Edoméx.
Se trata de Walter Fernando García Castillo y Claudio Cecilio Pérez, quienes fueron detenidos hace más de seis años por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en el municipio de Chimalhuacán.
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Los hechos se remontan a octubre de 2013. Según las investigaciones, los ahora sentenciados, junto con otros sujetos, acudieron a un establecimiento comercial en Chimalhuacán.
En ese lugar, de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía mexiquense, los sujetos se identificaron como integrantes de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán. Bajo amenazas, le exigieron dinero al dueño del negocio a cambio de no hacerle daño ni a él ni a su patrimonio.
Tras las pesquisas correspondientes, las autoridades lograron identificar a Walter Fernando y a Claudio Cecilio como implicados directos en el delito, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra.
Ambos individuos fueron capturados mediante el cumplimiento de la orden judicial e ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, quedando a disposición del Órgano Jurisdiccional.
Tras un proceso legal que se extendió por más de seis años, un juez del Estado de México los declaró penalmente responsables del delito de extorsión.
Por este motivo, les impuso una pena de 40 años de prisión a cada uno. Cabe resaltar que, por estos mismos hechos, en enero de 2017 otro juez ya había dictado una sentencia similar en contra de Fernando Cecilio Pérez.
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El pasado 15 de enero, el Congreso mexiquense aprobó las iniciativas de la bancada del PRI y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados.
Con esta nueva ley, las autoridades de seguridad perseguirán por oficio los casos de extorsión registrados en la entidad, fortaleciendo la coordinación entre diferentes instituciones. Además, se establecieron los siguientes organismos:
Esta normativa regula los mecanismos y programas que las autoridades deben implementar para investigar y castigar este delito de forma más eficiente.
Finalmente, entre los artículos transitorios, se señala que los penales estatales tienen un plazo de 150 días hábiles para instalar tecnologías que bloqueen la entrada y salida de llamadas de celular, radiocomunicación y transmisión de datos, con el fin de evitar que se siga extorsionando desde el interior de las cárceles.
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