Tras un proceso judicial, la exfuncionaria fue declarada culpable de ordenar la muerte de dos servidores públicos en 2023.
Luego de un extenso proceso judicial, la expresidenta María Elena Martínez Robles fue declarada culpable del homicidio calificado de dos funcionarios municipales en Amanalco, Estado de México. La investigación reveló que las víctimas fueron enviadas a una zona controlada por grupos delictivos por órdenes directas de la exalcaldesa, lo que ha generado gran atención en el ámbito político y social.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México precisó que las personas asesinadas, identificadas como G.J.R. y M.A.L.C., se encontraban realizando funciones públicas cuando recibieron instrucciones de la expresidenta para acudir a un área de alto riesgo. Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2023, y las víctimas no regresaron con vida.
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La investigación subraya que el objetivo de estas acciones era que Martínez Robles mantuviera el control sobre decisiones clave dentro del Ayuntamiento.
De acuerdo con el Ministerio Público, la exfuncionaria ordenó directamente a integrantes de un grupo criminal con origen en Michoacán privar de la vida al síndico municipal con el fin de poder seguir controlando las decisiones al interior de la administración municipal.
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La detención de María Elena Martínez Robles se llevó a cabo mediante la Operación “Enjambre”, coordinada por la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.
Hasta ahora, este operativo ha permitido obtener sentencias condenatorias contra 10 de los 16 objetivos detenidos, fortaleciendo la estrategia federal y estatal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales.
La Autoridad Judicial programó la audiencia de individualización de sanciones para el próximo martes, donde se determinará la pena que deberá cumplir la expresidenta. Este paso es crucial para consolidar la justicia en el Estado de México y proteger a los servidores públicos frente a riesgos derivados de la violencia.
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