La tala clandestina en Edomex mantiene bajo presión zonas forestales estratégicas y representa un desafío para la conservación del agua y la biodiversidad.
Entre árboles derribados, caminos usados para sacar madera y comunidades que exigen respuestas, la tala clandestina se mantiene como uno de los mayores retos ambientales del Estado de México. La afectación avanza sobre zonas forestales clave y amenaza recursos como el agua, además de la conservación de especies.
El problema se extiende por distintos puntos de la entidad. Ocuilan es uno de los casos más preocupantes, con cerca de 500 hectáreas afectadas y daños reportados en la comunidad Tlahuica de Ayatzingo, donde se ha denunciado la extracción de árboles centenarios.
También enfrentan presión forestal regiones como:
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De acuerdo con reportes recientes, la extracción ilegal de madera pasó de ser la tercera a la primera causa de pérdida forestal en la entidad. En 2024 se registró el mayor impacto, con estimaciones superiores a 127 mil hectáreas deforestadas según Global Forest Watch.
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De las aproximadamente 894 mil hectáreas forestales que conserva el estado, unas 225 mil presentan deterioro y riesgo de desaparecer. La pérdida de árboles reduce la infiltración de agua hacia los acuíferos y representa una disminución cercana a 84 millones de litros diarios durante la temporada de lluvias. Además, el cambio de uso de suelo por crecimiento urbano, ganadería y actividades sin regulación aumenta el daño ambiental.
Probosque reconoce que la tala ilegal es el principal problema del sector. Las autoridades estatales anunciaron operativos con Guardia Nacional, Fiscalía y PROFEPA, así como la meta de plantar 6 millones de árboles en 2026.
Habitantes y activistas señalan que la vigilancia sigue siendo insuficiente y advierten sobre redes que controlan el traslado de madera y aserraderos clandestinos. La recuperación forestal dependerá de acciones permanentes, coordinación entre autoridades y sanciones efectivas.
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