Vecinos y locatarios del municipio turístico exigen respuestas a la alcaldesa Michelle Núñez tras denunciar cuotas obligatorias e intimidaciones a pequeños comercios y negocios locales
Comerciantes del Valle de Bravo exigieron a la presidenta municipal, Michelle Núñez Ponce, la implementación de medidas efectivas para combatir el delito de extorsión y brindar atención prioritaria a las familias afectadas por intimidaciones y cobros de piso.
Los inconformes cuestionaron los resultados de la administración local y solicitaron mejorar la coordinación entre las instituciones estatales y federales.
Según testimonios de los propios pobladores, el pago de cuotas ilegales impuestas a los negocios se ha convertido en una problemática recurrente que vulnera la tranquilidad y el patrimonio de quienes laboran en la demarcación.
Como parte de los operativos registrados en la región, en julio de 2025 se ejecutó la llamada Operación Liberación, mediante la cual un sujeto identificado como Jorge “N” fue vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada.
Las investigaciones lo relacionaron con la exigencia de un pago inicial de 100 mil pesos a un comerciante a cambio de permitirle trabajar, además del cobro de una cuota mensual sobre sus ventas y la obligación de adquirir insumos exclusivamente con él.
El mismo operativo se implementó en otros municipios del sur mexiquense, como la investigación iniciada contra Yareli “N”, regidora de Ixtapan de la Sal, por su probable participación en un secuestro exprés con fines de extorsión.
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De acuerdo con datos oficiales, entre enero y junio de 2026 se iniciaron 845 carpetas de investigación por el delito de extorsión en todo el Estado de México, cifra menor a las mil 398 denuncias contabilizadas en el mismo periodo de 2025.
A este panorama estatal se suman las acciones del Gobierno Federal. Según cifras presentadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, del 6 de julio al 24 de agosto se detuvo a 212 personas por este delito en 15 estados; de los cuales cinco entidades, entre ellas el Estado de México, concentraron el 84 % de las detenciones.
Vecinos y locatarios reiteraron el llamado al gobierno encabezado por Michelle Núñez Ponce para ofrecer garantías de seguridad a quienes integran la fuerza productiva de la localidad, así como para dar seguimiento puntual a las denuncias de las personas amenazadas.
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