El Estado de México lidera las estadísticas de violencia política de género en el país. Regidoras y candidatas son las más afectadas por agresiones que ocurren principalmente a nivel municipal.
La política en México aún tiene trabas para las mujeres. Pese a que actualmente tenemos una presidenta, además de gobernadoras, alcaldesas y regidoras, las cifras en violencia política de género no muestran un avance positivo importante.
El Estado de México se coloca como la entidad con mayor incidencia en este problema. Según alertan las autoridades electorales, son altos los porcentajes de quejas en los municipios, donde regidoras y candidatas enfrentan constantes agresiones y exclusión.
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De acuerdo con la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), durante el proceso electoral de 2024 se registraron 215 quejas formales. Esto equivale al 42 por ciento del total de casos acumulados desde que este delito se tipificó en 2020.
Durante una conferencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, se mencionó la llamada “paradoja de la paridad”. Esto significa que, aunque hay más mujeres en puestos de decisión, esto se contrasta con una mayor resistencia y agresiones en su contra precisamente por ocupar esos espacios.
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Aidé Macedo Barceinas, titular de la Defensoría Pública y especialista en estos asuntos, informó que la situación se agrava al ver el panorama de violencia general en la entidad. Tan solo entre enero y octubre de 2025, hubo 59 feminicidios concentrados en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca.
La violencia política de género se nota más en el ámbito municipal. Las regidoras, síndicas y candidatas suelen ser las más afectadas, enfrentando desde descalificaciones públicas y amenazas, hasta la exclusión de decisiones importantes y agresiones directas.
Un punto importante que puso sobre la mesa la especialista es que esta violencia no solo la ejercen los hombres. Las mujeres también pueden ser agresoras, incluso contra otras mujeres. Esto sucede porque se reproducen patrones culturales y roles de género arraigados que refuerzan el sistema patriarcal.
Además, el uso de redes sociales ha facilitado los ataques verbales y psicológicos debido al anonimato, lo que hace difícil rastrear a los responsables. A esto se le suma la impunidad, pues hay una gran diferencia entre las denuncias realizadas y las sanciones que realmente se aplican.
Incluso en casos de alto perfil, el cumplimiento de la ley es difícil. Por ejemplo, cuando Citlali Hernández presentó una queja ante el INE contra Ricardo Salinas Pliego, la Comisión de Quejas ordenó borrar los mensajes donde la insultaba; sin embargo, el empresario hizo caso omiso a la orden.
Esta falta de consecuencias provoca que muchas mujeres en puestos importantes decidan dejar sus cargos por amenazas contra ellas o sus familias.
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