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Congreso Edomex propone registro público de violentadores vicarios con sanciones laborales y políticas

La iniciativa busca proteger a mujeres, limitar oportunidades de agresores y obligar a instituciones a verificar antecedentes antes de otorgar cargos o licencias.

La medida busca proteger a las madres que sufren agresiones a través de la manipulación o daño a sus hijos e hijas. Foto: congresoedomex
La medida busca proteger a las madres que sufren agresiones a través de la manipulación o daño a sus hijos e hijas. Foto: congresoedomex

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La protección de las mujeres y la prevención de abusos graves es el eje de una nueva propuesta en el Congreso del Edomex. Se trata de un registro estatal destinado a identificar a personas responsables de violencia vicaria, limitando su acceso a empleos públicos, candidaturas y otros permisos oficiales.

La medida busca también que las instituciones actúen con responsabilidad al verificar antecedentes de quienes soliciten cargos o licencias.

¿Qué busca la iniciativa del Congreso Edomex?

El registro estatal pretende documentar y sancionar la violencia vicaria, una forma de agresión donde se utilizan hijos, hijas o allegados para infligir daño psicológico o emocional a mujeres.

Más allá de la documentación, la propuesta busca generar coordinación entre distintas instancias, como la Fiscalía, autoridades judiciales y organismos de atención a víctimas, con el fin de prevenir la repetición de estos actos.

¿Quiénes serán incluidos y cómo operará el registro?

El Registro Civil del Estado de México administrará la base de datos, incorporando únicamente a personas que:

  • Hayan sido declaradas responsables por resolución judicial firme

  • Sean sujetas a medidas dictadas por autoridad competente

  • Estén involucradas en casos de violencia vicaria comprobada

El registro permitirá emitir certificados de no inscripción, necesarios para acceder a empleos públicos, candidaturas, licencias, permisos o concesiones. Además, servirá como herramienta estadística para fortalecer políticas públicas de prevención y protección.

¿Qué responsabilidades tendrán las instituciones y cómo se puede corregir la inscripción?

Las dependencias que omitan verificar los antecedentes podrían ser responsables legalmente. La inscripción se puede cancelar dentro de 30 días hábiles si se demuestra:

  • Cumplimiento de la sanción correspondiente

  • Inexistencia del delito

  • Errores en la información registrada

Estas medidas buscan asegurar transparencia y generar un efecto preventivo, restringiendo a los agresores el acceso a espacios laborales y políticos.

¿Qué antecedentes y pasos siguen para implementar el registro?

El proyecto retoma experiencias del registro de deudores alimentarios y compromisos internacionales de México, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. De aprobarse, el Ejecutivo estatal tendrá hasta 180 días para reglamentar la norma y las dependencias deberán adecuar sus procedimientos internos.

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