La jueza de la Corte Familiar de Miami ordenó a Paulina Rubio y Colate pagar una deuda de honorarios legales en menos de 48 horas
La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera volvió a ocupar titulares luego de que una corte en Miami emitiera una orden urgente relacionada con el pago de honorarios judiciales.
Según la resolución, ambos deben saldar la deuda en un plazo máximo de 48 horas o enfrentar consecuencias legales por desacato.
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El caso no implica una condena penal directa, pero sí advierte que el incumplimiento podría derivar en una orden de arresto si el tribunal determina que los implicados tienen capacidad económica para pagar y no lo hacen.
La jueza Marlene Fernández, de la Corte Familiar de Miami, fue quien emitió la resolución durante una audiencia celebrada el 4 de mayo de 2026. En ella se reiteró que el pago de la deuda es obligatorio y forma parte del proceso de custodia del menor.
El tribunal dejó claro que el incumplimiento podría activar medidas coercitivas, incluyendo sanciones por desacato judicial.
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El monto establecido está vinculado a los servicios de la guardiana legal designada por la corte para velar por el bienestar del hijo de la expareja. Este tipo de figura es habitual en procesos de custodia complejos, especialmente cuando existe conflicto entre los progenitores.
El tribunal determinó que ambos padres deben asumir los costos de representación del menor, lo que ha generado la deuda actualmente exigida.
En el sistema judicial de Florida, el desacato puede implicar medidas como multas adicionales o incluso órdenes de arresto si se considera que existe capacidad de pago incumplida de manera voluntaria.
Aunque no se trata de un proceso penal por delitos, el tribunal sí puede ordenar detención temporal para obligar al cumplimiento de la deuda civil.
El caso entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera forma parte de un litigio de larga duración por la custodia de su hijo. En paralelo a las disputas económicas, el tribunal también analiza aspectos relacionados con la convivencia y el bienestar del menor.
Las audiencias continúan activas y el proceso judicial sigue abierto, lo que indica que aún podrían producirse nuevas resoluciones en las próximas semanas.
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