La medida impulsada por Trump formaba parte de su plan migratorio, a través de una orden que fue firmada el 20 de enero de 2025
Este martes 30 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegal la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, con la cual pretendía limitar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes que nacieran en ese país.
Esta orden había sido firmada el 20 de enero de 2025, día en el que Trump comenzó su segundo periodo presidencial, y formaba parte de su amplia política antimigración, una medida que generó un fuerte rechazo por parte de diversos sectores defensores de los migrantes.
Con una votación de seis magistrados frente a tres, la máxima instancia judicial del país rechazó la medida con la que Trump buscaba modificar la Constitución, pues señaló que este es un derecho consagrado en el texto constitucional.
Con su fallo, además, la Corte ratificó las resoluciones que, en el último año, varios tribunales inferiores habían tomado para bloquear la orden ejecutiva antes de que entrara en vigor.
En ese sentido, la resolución mantiene la interpretación original establecida en la 14ª Enmienda de la Carta Magna de Estados Unidos, la cual señala que todas las personas nacidas en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres, son ciudadanos estadounidenses.
El dictamen fue redactado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en nombre de la mayoría."La ciudadanía, entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política", se lee. "Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa", añadió.
El fallo de la Corte, principalmente, estuvo fundamentado en la ratificación de un precedente de 1898, con el caso de Estados Unidos contra Wong Kim Ark, cuya sentencia determinó que un hombre nacido en California de padres chinos era ciudadano estadounidense, aunque sus progenitores no pudieran acceder a este derecho.
Por ende, Roberts en el documento de dictamen mencionó que en los últimos 128 años esa interpretación ha sido aplicada de forma constante y que no existían razones jurídicas para modificarla.
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El 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para modificar la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, precepto que establece que toda persona nacida en ese territorio se convierte en ciudadana, sin importar la nacionalidad de sus padres.
Con dicha orden, el mandatario buscaba restringir el acceso automático a la ciudadanía a los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres que carecieran de la condición de ciudadanos o no contaran con una residencia permanente legal.
De este modo, la medida contravenía un derecho consagrado en la 14ª Enmienda de la Carta Magna, la cual fue aprobada en 1866 y ratificada en 1868, tras la Guerra Civil de ese país.
Este precepto anuló la histórica decisión del Caso Dred Scott contra Sandford, en la que se había excluido a los esclavos negros y a sus descendientes de gozar de los derechos constitucionales, por lo que su ratificación amplió las garantías y privilegios a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
Al respecto, la 14ª Enmienda menciona:
Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen. Ningún Estado dictará ni hará cumplir ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido procedimiento legal; ni negará a persona alguna, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes.' (Constitución de EE.UU. Enmienda XIV, Sec. 1).
No obstante, a lo largo de 2025 y en lo que va de 2026 la orden ejecutiva fue bloqueada por varios jueces federales, luego de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que argumentó que la restricción violaba de forma directa la Constitución.
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La administración estadounidense defendía una interpretación más restrictiva de la frase “sujetas a su jurisdicción”, contenida en la 14ª Enmienda.
La defensa legal de la Casa Blanca argumentó que dicho beneficio constitucional debía concederse solamente a hijos de ciudadanos o residentes permanentes, a quienes definieron como personas cuya "lealtad principal" fuera hacia Estados Unidos.
Desde esta perspectiva, el gobierno argumentaba que los migrantes indocumentados y los extranjeros con visados temporales, ya sea de turismo, estudio o trabajo, conservan su lealtad política dominante con sus naciones de origeny, por ende, sus hijos no debían recibir la nacionalidad en automático.
Asimismo, la defensa gubernamental acusó al sistema actual de incentivar el "turismo de nacimiento"; es decir, el viaje de mujeres embarazadas con el único fin de que sus hijos obtuvieran el pasaporte estadounidense.
