Según la investigación, la DEA contaba con información sumamente detallada sobre el fentanilo traficado y, pese a ella, no decidió actuar
De acuerdo con una investigación realizada por The Associated Press (AP), entre 2023 y 2025 la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) permitió que cientos de miles de pastillas de fentanilo ingresaran a las calles de Nuevo México.
En Estados Unidos, el consumo de fentanilo es considerado una pandemia. De acuerdo con registros del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de ese país, entre 2005 y 2022 la tasa de mortalidad por este opioide aumentó 30 veces, alcanzando en 2022 un registro de 70 891 muertes.
Los datos fueron revelados por tres agentes actuales y anteriores de la DEA, a los que se sumaron registros gubernamentales revisados por AP a través de un reportaje dado a conocer este lunes 22 de junio.
Según sus fuentes, los agentes monitorearon repetidamente los cargamentos del opioide sintético, pero evitaron su incautación. Esta táctica respondía a una estrategia de los fiscales federales para construir casos penales de mayor envergadura contra las cúpulas del narcotráfico.
Sin embargo, agentes y expertos advirtieron que la medida equivalía a una apuesta de alto riesgo para la seguridad pública, la cual puso en peligro a las comunidades de Albuquerque y sus alrededores, además de presuntamente violar las normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a los ciudadanos.
En ese sentido, AP recogió el testimonio del agente especial de la DEA, David Howell, quien participó en las labores de vigilancia en Nuevo México, el cual aseveró: “envenenamos a nuestra comunidad para armar casos”.
“Por nuestra propia ceguera deliberada, podemos decir: ‘En realidad no sabemos qué pasó con las drogas’. Pero al 100% hicimos que muriera gente”, dijo este mismo agente.
En las entrevistas, varios agentes compararon esta estrategia con el escándalo de la Operacuón Rápido y Furioso (Operación Fast and Furious) de 2011, donde se permitió el contrabando de armas a México para rastrear a los líderes de los cárteles, las cuales finalmente terminaron peridíendose y siendo usadas por el crímen organizado
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AP menciona que la situación se derivó de un cambio fundamental ocurrido en 2024. Como punto de partida, señaló que en 2017 el Departamento de Justicia elaboró normas internas, denominadas "Protocolos de fentanilo”, las cuales ordenaban a los agentes decomisar la sustancia tan pronto como fuera posible, priorizando la seguridad pública sobre el éxito de las investigaciones.
More fentanyl, Cerca de 21 000 pastillas de fentanilo incautadas por CBP el pasado 27 de enero. Foto: X (@CBP)
No obstante, dichas normas se reescribieron en 2024 para otorgar mayor discrecionalidad a los investigadores, permitiéndoles balancear el riesgo comunitario frente a los beneficios de preservar una indagatoria de largo alcance.
AP recogió el testimonio de Alex Uballez, fiscal federal en Nuevo México entre 2022 y 2025, quien defendió esta estrategia de investigación. El exfuncionario mencionó que la fiscalía contaba con recursos limitados, por lo que el objetivo principal era procesar a las organizaciones de mayor envergadura bajo la premisa de que esto salvará más vidas a largo plazo.
Sin embargo, la DEA rechazó las acusaciones a través de un comunicado emitido por su portavoz, Amanda Wozniak, en el que argumentó que las decisiones de investigación fueron legales, razonables y apegadas a las directrices de la institución, calificando como "falsas" las versiones de que se permitió a sabiendas el libre flujo de la droga.
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AP revisó informes oficiales de la DEA, que demostraron que la DEA contaba con inteligencia tan detallada que los agentes conocían las cantidades exactas de las entregas mediante intervenciones telefónicas y vigilancias en tiempo real.
Un cambio en normas internas del Departamento de Justicia permitió que tales cantidades de fentanilo no fueran aseguradas, pese a que la DEA tenía conocimiento de su llegada a EU. Foto: X (@CBP)
En un operativo de junio de 2023 en un parque de casas móviles en Albuquerque, los oficiales documentaron la entrega de 74 000 pastillas sin intervenir. Días antes, este mismo grupo distribuyó otro presunto cargamento oculto en un neumático de repuesto que tampoco fue decomisado.
El agente especial de la DEA, David Howel, presentó una denuncia oficial como denunciante (whistleblower) por este caso.
En tanto, un exsupervisor de la DEA en Albuquerque, bajo condición de anonimato, afirmó que permitieron que "millones" de pastillas no fueran interceptadas durante una investigación que involucró a varios estados en 2025, la cual culminó en mayo del año pasado con el mayor decomiso en la historia de la agencia, en la que se incautaron más de 3 millones de pastillas.
A pesar de la gravedad de los señalamientos de David Howell, la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia determinó en 2024 que las operaciones de la DEA y la fiscalía federal fueron razonables y no representaron un peligro específico para la salud pública.
Tras realizar las denuncias, Howell fue relegado a tareas de escritorio, sus evaluaciones de desempeño fueron reducidas y la fiscalía federal le prohibió testificar en tribunales.
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