Con esta cuatro impugnaciones, la adminstración de Trump suma 21 demandas de este tipo contra legislaciones estatales
La administración de Donald Trump presentó cuatro demandas a fin de impugnar leyes estatales de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington, las cuales permiten a las universidades de dichas entidades ofrecer descuentos y ayudas financieras a estudiantes sin estatus migratorio.
Esta medida no es nueva dentro del actual gobierno estadounidense, pues, con estas recientes impugnaciones, se han elevado a 21 las demandas de este tipo que han presentado las autoridades federales.
La acción judicial fue anunciada el jueves 27 de agosto por el Departamento de Justicia, el cual, al hacerla pública, afirmó que la medida se tomó debido a que en estos cuatro estados se estaba socavando la ley federal y desafiando las disposiciones del Congreso.
Esto, según afirmaron, ya que se estaba dando "prioridad a los extranjeros sobre los ciudadanos". Por ende, el recurso legal impugna las leyes estatales de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington que otorgan matrícula estatal y asistencia financiera a los extranjeros que cuentan con una situación migratoria irregular.
“Estas leyes discriminan inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses, a quienes no se les otorgan las mismas tarifas reducidas de matrícula ni becas; crean incentivos para la inmigración ilegal y recompensan a los extranjeros en situación irregular con beneficios a los que los ciudadanos estadounidenses no tienen derecho, todo ello en conflicto directo con la ley federal”, justificó la dependencia.
Con la demanda, el gobierno federal busca cancelar la aplicación de leyes y regulaciones que "exigen" a las universidades e institutos de educación superior en dichos estados otorgar tarifas de matrícula local a todos los extranjeros radicados en su territorio, sin importar si cuentan con residencia legal en Estados Unidos.
Además, la impugnación busca frenar las normativas estatales que otorgan asistencia financiera y becas a extranjeros en situación irregular.
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El comunicado sobre la demanda citó las palabras del fiscal general adjunto, Stanley E. Woodward, Jr., quien afirmó que hace más de 30 años el Congreso determinó que no se podía "dar prioridad a los extranjeros ilegales por encima de los propios ciudadanos" estadounidenses.
"Nuestros esfuerzos no cesarán hasta que se cumpla la promesa del presidente Trump: los extranjeros ilegales no recibirán beneficios que se les niegan a los ciudadanos estadounidenses", afirmó.
A estas declaraciones se sumaron las del fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia: "Este Departamento de Justicia no tolerará que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país".
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El Departamento de Justicia dedicó un apartado específico a la demanda presentada en Arizona, en la cual se citó un informe del Centro de Periodismo de Investigación de dicho estado.
Según el texto, más de 3 600 extranjeros en situación migratoria irregular podrían calificar cada año para obtener la matrícula de residentes bajo las leyes de Arizona.
Además, el informe, que expone datos de universidades e institutos públicos de Arizona, menciona que en el semestre de otoño de 2025, por lo menos 720 migrantes indocumentados habían recibido la tarifa de matrícula para residentes estatales, 432 de ellos en la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés).
Instalaciones de la Universidad Estatal de Arizona. Foto: Arizona State University
Ante ello, el documento señaló que los extranjeros indocumentados recibieron beneficios por cerca de 10.5 millones de dólares por reducción de matrícula únicamente en la ASU, al calcular que cada uno obtuvo un ahorro cercano a los 24 mil dólares, monto que representa la diferencia entre las cuotas de matrícula para residentes y no residentes en dicha institución.
Actualmente, la administración de Trump suma 21 demandas de este tipo relacionadas con el otorgamiento de matrículas estatales a migrantes indocumentados.
De este total, aún quedan litigios pendientes en Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Colorado, Nueva York, Connecticut y Vermont.
Por su parte, en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois, cinco demandas similares obtuvieron fallos favorables para el gobierno federal, por lo que dichas leyes estatales fueron declaradas inconstitucionales y prohibidas permanentemente.
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