El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez informó el cierre de la cárcel de El Helicoide y la aplicación de una amnistía general.
A pocas semanas de asumir el poder, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general y confirmó el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, ubicado en Caracas y utilizado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
El anuncio fue realizado el viernes como parte de un mensaje político dirigido al país.
Durante su intervención, Rodríguez detalló que el inmueble dejará de funcionar como cárcel y será reconvertido en un espacio con fines sociales, deportivos, culturales y comerciales.
Indicó que este nuevo uso estará orientado a la familia policial y a las comunidades cercanas a la zona donde se localiza el edificio.
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El Helicoide ocupa el cuarto lugar entre las prisiones con mayor número de presos políticos en Venezuela y alberga a más de 50 personas privadas de la libertad. Diversas organizaciones lo han señalado como uno de los principales centros de detención utilizados por los organismos de inteligencia del país.
Dentro de sus instalaciones han permanecido dirigentes opositores y personas vinculadas a la líder política María Corina Machado, entre ellos Freddy Superlano y Jesús Armas. Familiares y organizaciones no gubernamentales han denunciado que en este sitio se aplican torturas, malos tratos y periodos de aislamiento prolongado.
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El inmueble se localiza en la zona centro-sur de Caracas, entre las comunidades de San Pedro y San Agustín del Sur. A este lugar han sido trasladados dirigentes políticos, periodistas, activistas y ciudadanos detenidos durante operativos nocturnos, así como personas acusadas de delitos comunes.
En numerosos casos, los familiares de los detenidos pasan varios días sin información sobre su paradero, hasta confirmar que fueron llevados a El Helicoide. Esta práctica ha sido documentada de forma reiterada por víctimas y allegados.
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La edificación comenzó a construirse en la década de 1950 con un diseño helicoidal y una visión futurista, pensada originalmente como un gran centro comercial durante el auge petrolero venezolano.
El proyecto contemplaba múltiples niveles con áreas comerciales, espacios recreativos y servicios modernos.
La obra no se concluyó por problemas financieros y, en 1984, fue ocupada por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención. Posteriormente, el inmueble pasó a manos del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana, que instalaron oficinas, celdas, áreas de aislamiento y espacios utilizados para reclusión de presos políticos.
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El edificio cuenta con siete óvalos, uno de ellos destinado a celdas, oficinas y cuartos utilizados para prácticas de tortura.
Entre el 16 y el 18 de mayo de 2018 se registró el primer motín dentro del recinto, luego de que presos políticos y detenidos comunes se unieran para protestar por las condiciones de reclusión.
El detonante fue la golpiza contra Gregory Sanabria, estudiante de Ingeniería, quien sufrió una fisura en el cráneo, fractura nasal y múltiples contusiones, lesiones que quedaron registradas en imágenes difundidas públicamente.
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