De acuerdo al medio, esta “ofensiva anticorrupció” de EU utiliza el marco de la revisión del T-MEC como herramienta de presión política hacia México
De acuerdo con el diario estadounidense Los Angeles Times, la administración de Donald Trump iniciará una campaña anticorrupción dirigida a políticos mexicanos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada.
Si bien en el último año el Gobierno de Estados Unidos ha revocado visas a diversos funcionarios mexicanos como medida de presión, esta nueva ofensiva escalaría la tensión entre ambas naciones, la cual actualmente vive un momento álgido tras revelarse la participación ilegal de agentes de la CIA en un operativo de campo en Chihuahua.
La campaña inició el pasado 23 de abril, cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pronunció un discurso durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de una planta de la empresa Pacífico Mexinol, un complejo de metanol de ultra bajo carbono, en Los Mochis, Sinaloa.
En este escenario, el funcionario afirmó ante ejecutivos, inversores y funcionarios estatales que la corrupción en México ahuyenta el capital extranjero.
“La inversión llega a donde es respetada, protegida y donde puede prosperar. Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. Si queremos que proyectos como este tengan éxito – si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser – la corrupción ni la extorsión deben tener cabida”, fue uno de los comentarios que expresó al respecto.
Fuentes familiarizadas con la relación bilateral destacaron a este diario que dichas declaraciones forman parte de “una agenda más amplia y provocadora”, la cual marca el arranque de una “amplia campaña anticorrupción” del gobierno de Trump dirigida contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.
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El mensaje de Johnson fue más contundente después, pues afirmó que ambos gobiernos debían “ampliar” su legislaciones para sancionar funcionarios por cometer actos de corrupción, dentro del marco de la revisión de este año del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC en México, USMCA en Estados Unidos).
“El mensaje es claro: donde integridad es fuerte, la inversión crece; donde no la hay, se pierden las oportunidades. Por eso, el USMCA exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos. Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos”, dijo aquel día.
Como resalta el medio, la "ofensiva" estadounidense en esta materia podría sacudir las relaciones bilaterales, las cuales atraviesan un momento determinante. Si bien la revisión formal del tratado comercial inicia en julio, desde marzo comenzaron las reuniones técnicas en las que equipos de negociadores de ambos países ya analizan temas de interés estratégico.
Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar asuntos internos, señalaron al diario que la magnitud de esta iniciativa iría más allá de las sanciones tradicionales, como la cancelación de visados a personas sospechosas de tener nexos con el narcotráfico.
Entre los políticos mexicanos a quienes el Departamento de Estado de EE. UU. ya ha revocado sus visas se encuentran los gobernadores de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa). En ese sentido, se prevé que la ofensiva escale hacia imputaciones formales ante tribunales federales estadounidenses.
Asimismo, trascendió que las acusaciones podrían dirigirse contra miembros del partido Morena, aunque no se especificaron nombres. Para ejecutar una iniciativa de este tipo, los fiscales recurrirían a su red de informantes, incluidos antiguos integrantes de cárteles que buscan acuerdos de culpabilidad como testigos colaboradores; tal es el caso de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Retratos de Rubén Rocha Moya (izquierda) y María del Pilar Ávila (derecha). Foto: X (@MarinadelPilar) / (@rochamoya_)
Respecto a esto, Los Angeles Times destacó que no pasa desapercibido que el embajador emitiera su discurso en Sinaloa, bastión del cártel homónimo. Por ello, el medio subraya la creencia de que existen numerosos testigos "deseosos" de revelar sus vínculos con antiguos cómplices, incluyendo a políticos y jefes policiales.
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El proyecto es una de las mayores inversiones privadas en México en la historia reciente, pero este también ha estado marcado por la protesta social, pues diversos grupos, especialmente colectivos indígenas quienes acusan el impacto ambiental y social de la planta.
En ese sentido, durante el evento del 23 de abril se registraron manifestaciones, las cuales derivaron en el que integrantes del colectivo ¡Aquí No!, los que exigieron que se consultara el proyecto con comunidades indígenas y que hubiera mayor transparencia en el desarrollo de las obras.
Derivado de estos actos, el gobernador de Sinaloa prefirió atender a los manifestantes y no asistir a la ceremonia, al tiempo que se comprometió a revisar con los pueblos originarios el proceso de la planta.
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