Los listados de sobornos forman parte de la acusación que EU presentó contra 10 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa
En los documentos judiciales donde las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de la cúpula del Gobierno de Sinaloa, se adjuntaron listados que detallan los presuntos sobornos que mandos policiales recibían de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Estas presuntas evidencias forman parte del expediente que, el miércoles 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA presentaron contra políticos y excolaboradores, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya.
En el documento, se les señala de haber “participado en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”.
Las nóminas adjuntas en los archivos son fotografías de hojas de cuaderno que, escritas a mano, integran listados con diversos pagos. Las autoridades estadounidenses afirmaron que estas fotografías con “algunas de las listas mensuales” provienen de registros que eran entregados al “jefe de plaza” de Culiacán de “Los Chapitos”, las cuales “fueron obtenidas en México en relación con esta investigación”.
Nómina de "Los Chapitos" presentada como prueba. Foto: Departamento de Justicia de EU
Las nóminas adjuntas en los archivos son fotografías de hojas de cuaderno que, escritas a mano, integran listados con diversos pagos, clasificados como “Gobierno”, “Gob.” y “Gob. enfermera”.
Particularmente, la lista de “Gobierno” presenta un total de 1 millón 707 mil pesos en presuntos sobornos, mientras que la de “Gob. enfermera” atribuye un supuesto total de 825 mil pesos.
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Si bien la mayoría de los nombres se encuentran censurados, las autoridades estadounidenses subrayaron que los sujetos referidos en estas listas presentadas como evidencia, son:
Otro listado de presuntos pagos de "Los Chapitos". Foto: Departamento de Justicia de EU
En ese sentido, el documento precisa que todos los aludidos fueron integrados bajo alias. Castro Saavedra figura como “Culiacán Regio” y supuestamente recibía sobornos de aproximadamente 200 mil pesos mensuales. Por su parte, Almanza Avilés y Contreras Núñez (sucesor del primero en la jefatura de la PDI de Sinaloa) eran denominados “R1”, quienes aparentemente obtenían pagos cercanos a los 300 mil pesos cada mes.
Asimismo, Contreras Núñez es citado como “Tornado” con pagos presuntos de alrededor de 100 mil pesos mensuales, mientras que Valenzuela Millán, identificado como “Juanito”, percibía supuestamente cerca de 30 mil pesos al mes en sobornos.
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Estados Unidos sostiene en su acusación que que el Cártel de Sinaloa ha pagado sobornos a funcionarios públicos “durante más de una década” para obtener protección y prosperar en sus actividades ilícitas, a través de funcionarios y agentes de los tres niveles de gobierno en el estado de Sinaloa, a fin de que sus operaciones de tráfico de drogas funcionen y se expandan.
Particularmente, según se señala en el documento judicial, el “jefe de plaza” de Culiacán de la facción de “Los Chapitos” es quien se encarga de supervisar estas operaciones de tráfico de drogas en la capital de la entidad y en algunas zonas del área metropolitana de Sinaloa.
Otra de las pruebas de EU presentadas como nóminas de "Los Chapitos". Foto: Departamento de Justicia de EU
Esto, según se afirma, incluye “gestionar” las relaciones del grupo con “agentes corruptos del orden público a nivel municipal, ministerial y estatal”. De esta forma, al mes el “jefe de plaza” de Culiacán recibe supuestamente de los líderes de “Los Chapitos” una caja con importantes sumas de dinero en efectivo, la cual es acompañada con la lista de funcionarios públicos y la cantidad a pagar a cada uno de ellos.
En ese sentido, se subraya que algunos de los acusados “figuraban habitualmente” en dichas listas.
Las autoridades estadounidenses enfatizaron que, a cambio de estos presuntos sobornos, los acusados y otros funcionarios “han permitido a los Chapitos traficar con toneladas de narcóticos y cometer actos de violencia masiva con total impunidad”.
Entre los ejemplos citados, se afirma que agentes del orden público cooptados por esta facción recibieron órdenes de no detener a miembros de dicha organización criminal.
Además, se señala que los cinco mandos y exmandos policiacos de Sinaloa referidos en la acusación han dado instrucciones para detener a rivales de “Los Chapitos”.
En el mismo sentido, se asevera que “agentes corruptos” de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán, como Dionisio Hipólito y Valenzuela Millán, permitieron que el grupo vendiera drogas “abiertamente en la calle y portara armas de fuego sin interferencia alguna”.
Por otro lado, el expediente sostiene que agentes del orden, incluidos Castro Saavedra, Almanza Avilés, Dionisio Hipólito y Gerardo Mérida Sánchez, proporcionaron, a través del “jefe de plaza” de Culiacán, acceso a información sobre investigaciones en curso, así como detalles de cateos e incautaciones planificados por el Ejército o la Marina.
Esta filtración, presuntamente, permitía a la organización trasladar drogas, armas y dinero antes de que ocurrieran los operativos en sus laboratorios y casas de seguridad.
Asimismo, la acusación subraya que Valenzuela Millán y otros funcionarios ayudaron a “Los Chapitos” a “secuestrar y cometer homicidio contra sus enemigos”, incluyendo a personas sospechosas de cooperar con el gobierno de Estados Unidos.
Los 10 ciudadanos mexicanos acusados por Estados Unidos el 29 de abril pordelitos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, son:
Los delitos que se le imputan a los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, son:
Por estos delitos, pueden tener una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión hasta cadena perpetua. Además de estos cargos, a Juan Valenzuela Millán se le suman los delitos de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer un secuestro con resultado de muerte, por lo que que obtendría una pena obligatoria de cadena perpetua.
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