La administración de Trump justificó los aranceles a Brasil señalando “medidas, políticas y prácticas injustificadas” contra su comercio
La noche del miércoles 15 de julio, la administración de Donald Trump anunció la imposición de un nuevo arancel del 25 % a diversos productos procedentes de Brasil, una decisión que Washington justificó bajo el argumento de que el país sudamericano ejerce “medidas, políticas y prácticas injustificadas” que perjudican al comercio estadounidense.
El anuncio se da a pocas semanas de cumplirse un año desde que, en julio de 2025, el mandatario impusiera un arancel del 50 % a los productos de cobre y a otras exportaciones brasileñas; una sanción en represalia por el proceso judicial contra el expresidente y aliado de Trump, Jair Bolsonaro, juzgado por intentar anular su derrota electoral de 2022. Pese a ello, estos aranceles terminaron siendo echados atrás en febrero de este año, tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que determinó ilegales diversos aranceles impuestos durante 2025.
No obstante, el nuevo castigo financiero parece no estar alejado de motivos políticos, ya que en mayo pasado, el hijo del exmandatario y actual precandidato a las elecciones generales de Brasil, Flávio Bolsonaro, visitó Washington. Una semana después de ese encuentro, el gobierno estadounidense anunció en junio su propuesta de aplicar aranceles del 25 % a los productos brasileños.
El anuncio fue dado a conocer por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), la cual afirmó que los aranceles surgen como consecuencia de una investigación realizada a lo largo de un año. En esta indagatoria, las autoridades encontraron diversas políticas y prácticas que calificaron de “irrazonables" y que "suponen una carga o restringen el comercio de los agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores estadounidenses”.
Entre estas medidas se señalaron: regulaciones relacionadas con el comercio digital y los servicios de pago electrónico; aranceles preferenciales “injustos”; la interferencia en la lucha contra la corrupción; la falta de protección a la propiedad intelectual; el límite al acceso al mercado del etanol; y la deforestación ilegal.
El texto detalla la cronología de cómo se llegó a este punto. Primero, el 15 de julio de 2025 y con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, Trump ordenó a la USTR iniciar la investigación comercial contra Brasil.
Luego, en abril de 2026, representantes de ambos países se sentaron a negociar, pero no llegaron a ningún acuerdo. Así, el pasado 1 de junio, Estados Unidos declaró oficialmente que las prácticas de Brasil "son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio" estadounidense, por lo que propuso la aplicación de aranceles.
Finalmente, entre junio y julio se abrió un periodo en el que el público estadounidense envió más de 360 cartas para opinar sobre el tema, además de realizarse una audiencia pública sobre las medidas de respuesta, en la que declararon 77 testigos.
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Los bienes y productos gravados con esta nueva tarifa del 25% pertenecen a diversos sectores. No obstante, la orden señala que ciertos productos quedarán excluidos de la medida.
Esta exclusión, según se precisa, solo se aplica a bienes que no se producen en Estados Unidos o que, en caso de ser gravados, podrían alterar las cadenas de suministro. Entre ellos, se encuentran:
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Conocida la imposición de aranceles, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionó al anuncio condenando la decisión de Estados Unidos y lo calificó como “un hito lamentable”.
El mandatario externo que no existía justificación para la medida, señalando que, de acuerdo a cifras oficiales estadounidenses, Brasil ha sido un socio comercial muy favorable para los estadounidenses, con un superávit de 424.5 mil millones de dólares en bienes y servicios durante los últimos 15 años.
Aunado a ello, apuntó que durante 2025 el 76 % de las importaciones de Estados Unidos ingresaron al país sin pagar aranceles, mientras que los que sí estuvieron gravados enfrentaron una tarifa efectiva del 3.1%.
Ante el nuevo escenario, Lula da Silva anunció que aplicarán medidas de protección para los sectores afectados, a fin de preservar los empleos y la capacidad productiva de Brasil. Por ende, activó de inmediato los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad para actuar en conformidad.
En este mismo texto, el presidente brasileño acusó directamente a la familia Bolsonaro de haber colaborado activamente con el gobierno de Estados Unidos para promover estas sanciones contra su propio país, tachándolos de "falsos patriotas" que actúan por intereses electorales.
“Es triste constatar que el lamentable resultado de las investigaciones basadas en la Sección 301 forma parte de la conspiración tejida con la colaboración activa de la familia Bolsonaro. Son falsos patriotas que orquestaron y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, impulsados por objetivos electorales”, escribió.
“No se puede amar a Brasil solo cuando ganamos las elecciones. Proteger nuestra soberanía es una obligación que está por encima de todos los partidos y todas las corrientes. El gobierno brasileño no vacilará en su deber de preservarla”, agregó.
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