Según lo estableción la Casa Blanca, este movimiento de Estados Unidos reafirma la Docrina Monreo en el continente americano
La administración de Donald Trump hizo oficial un acuerdo con Venezuela, mediante el cual Estados Unidos aprovechará la industria petrolera de esa nación y asegurará el acceso a miles de millones de barriles de crudo venezolano por al menos 100 años.
El acuerdo es una de las consecuencias directas de la operación militar ejecutada el pasado 3 de enero, intervención en la que el presidente depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y secuestrados por las fuerzas estadounidenses.
Desde aquel momento, Estados Unidos ha intervenido activamente en el país sudamericano, especialmente en la explotación de sus recursos petroleros, al punto de que el 9 de enero el gobierno estadounidense emitió un decreto para poner bajo protección especial los activos venezolanos depositados en su territorio, incluidos los ingresos petroleros, a fin de evitar que puedan ser embargados.
El acuerdo fue dado a conocer este lunes 31 de agosto a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca, en el que se calificó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.
Según se establece, Estados Unidos aseguró el control mayoritario sobre más de 65 000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela. Estas se sumarían a los cerca de 46 000 millones de barriles de reservas probadas con los que actualmente cuenta dicha nación en su territorio.
Lo anterior implica que el gobierno estadounidense dispondrá de amplios derechos de administración, propiedad económica y compra garantizada a bajo costo por parte de una nueva empresa petrolera privada venezolana, la cual, según destaca el documento, “será la segunda empresa petrolera privada más grande del mundo en cuanto a reservas”.
“Este acuerdo asegura nuestro dominio energético para el próximo siglo, todo ello sin costo alguno para Estados Unidos”, se presumió en el texto. El documento fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
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La compañía que fungirá como la segunda mayor productora privada del crudo venezolano lleva por nombre North American Blue Energy Partners (NABEP). Es una firma con sede en Barbados cuyo director ejecutivo es Alejandro Betancourt, un empresario venezolano contra quien España mantiene una investigación abierta por un entramado fraudulento.
Pese a ello, el acuerdo señala que las autoridades interinas de Venezuela, encabezadas por la presidenta Delcy Rodríguez, otorgaron a NABEP concesiones por 100 años para explotar 17 yacimientos petroleros con reservas comprobadas de aproximadamente 65 000 millones de barriles. A cambio, la empresa cedió a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa de Estados Unidos una participación accionaria del 35% en su matriz.
Dicho movimiento representará cientos de miles de millones de dólares en valor y dividendos para Estados Unidos. Además, NABEP otorgó al Departamento de Estado el derecho a comprar, a precio de costo de producción, un 20% garantizado de la producción de todos los yacimientos actuales y futuros que opere, asegurando un suministro a bajo costo que facilitará la reposición de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) estadounidense.
Entre otros beneficios, se concedió al Departamento de Estado el derecho de preferencia para adquirir el 80% restante de la producción de NABEP, medida que, según se precisó, blindará el abastecimiento energético “en situaciones de emergencia”.
Asimismo, el gobierno estadounidense contará con derecho de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva de la empresa y se estableció que la mayoría de sus integrantes deberán ser ciudadanos estadounidenses.
De igual forma, sus auditores, abogados y asesores serán de origen estadounidense y de “reconocido prestigio”, al tiempo que los contratos con NABEP se regirán por la legislación de Estados Unidos y estarán sujetos a la jurisdicción de sus tribunales.
El pacto estipula que los barriles provenientes de la nueva producción venezolana se procesarán en refinerías estadounidenses y se extraerán mediante plataformas e infraestructura de ese mismo país.
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Según se precisó, el pacto forma parte del plan de tres fases trazado por la administración de Trump para “la estabilización, la reconstrucción y la transición democrática” de Venezuela tras la denominada Operación Resolución Absoluta, en la que fuerzas estadounidenses secuestraron a Maduro. La actual fase, según se señaló, se encuentra en el estadio de la privatización e inversión en el sector energético.
Bajo este esquema, se contempla que NABEP invierta hasta 100 000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera, la cual, según afirma Estados Unidos, impulsará “el crecimiento económico”, “respaldará miles de empleos bien remunerados” y generará “decenas de miles de millones en actividad económica” en ese país.
Las concesiones otorgadas a NABEP se rigen por la nueva ley de hidrocarburos de Venezuela, aprobada con el aval estadounidense. Con esta normativa, la empresa pagará cerca de 200 000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años.
“Las sólidas disposiciones de gobernanza y auditoría del gobierno de Estados Unidos, junto con la reforma bancaria, la supervisión de pagos y el control financiero de la administración Trump, garantizarán que los pagos de impuestos y regalías se destinen al beneficio del pueblo venezolano”, sostiene el documento.
En el mismo texto, la administración estadounidense afirmó que “está patrocinando conversaciones de reconciliación” entre la Asamblea Nacional de 2015 y las autoridades interinas de Venezuela, proceso que continuará con reuniones adicionales durante el mes de septiembre.
Según aseguraron, este proceso ha derivado a reformas en el poder judicial venezolano, la liberación de presos políticos y cooperación para la reconstrucción de las zonas devastadas por el doble terremoto registrado en junio de este año.
En un apartado significativo sobre la perspectiva intervencionista estadounidense, el documento menciona abiertamente que estos actos reafirman la Doctrina Monroe, una política exterior nacida en el siglo XIX que se resume en la premisa “América para los americanos”.
En su momento, esta visión imperialista buscó reducir la influencia europea en el continente para consolidar la hegemonía de Estados Unidos, pero su uso ideológico ha sido empleado para justificar diversas acciones desde el siglo XX.
En ese sentido, el texto afirma que los yacimientos adicionales que operará NABEP se encontraban previamente bajo el control o la gestión de empresas rusas y chinas, “o de compinches corruptos de Maduro y Chávez”.
“Estos actores extranjeros malignos saquearon los recursos de Venezuela en beneficio de adversarios de Estados Unidos como Cuba, Rusia y China, y no invirtieron en la infraestructura ni en el desarrollo de Venezuela”, añadieron.
“El presidente Trump ha restablecido la Doctrina Monroe, eliminando la influencia extranjera maligna de nuestro patio trasero y asegurando que el dominio estadounidense en nuestro hemisferio nunca más sea cuestionado”, estableció la Casa Blanca.
Esta medida, según se destacó, permitirá a la administración de Trump forjar “nuevas cadenas de suministro sólidas, estratégicas y defendibles” en el continente americano, las cuales apoyarán la “revitalización” de los sectores manufacturero y energético estadounidenses “tras años de declive globalista”.
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