Esta acusación contra Maduro podría tener repercusiones políticas tanto en Venezuela como en México.
La Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, señalándolo de haber vendido pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos para facilitar la distribución de cocaína hacia territorio estadounidense, según el documento de imputación de 25 páginas al que tuvo acceso el diario Reforma.
De acuerdo con el escrito presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía sostiene que entre 2006 y 2008, cuando Maduro era ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez, vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a integrantes de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas.
Foto: X (@AlertaMundoNews)
Esos documentos, afirman los fiscales, habrían brindado inmunidad diplomática y facilidades logísticas a narcotraficantes para mover dinero y drogas hacia Estados Unidos.
La acusación afirma que esa práctica fue parte de una red de narcotráfico internacional que incluía vuelos diplomáticos, puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, y una estructura logística que integraba a México como plataforma operativa clave para el envío de cocaína al mercado estadounidense.
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El expediente no solo señala a Maduro. Se menciona también al actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, acusado de haber recibido sobornos de Los Zetas para facilitar el transporte de cocaína desde Venezuela hasta México.
Además, el escrito hace referencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy preso en Estados Unidos, como participante en el financiamiento de narcolaboratorios en Colombia cuya producción terminaba en el mercado estadounidense.
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Según la Fiscalía, “Maduro y sus cómplices se han aliado con narcoterroristas del Cártel de Sinaloa y Los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en EE.UU.”, una frase que se repite a lo largo del documento y que destaca la gravedad de los cargos.
El escrito judicial describe a México no solo como un país de paso, sino como una plataforma logística, marítima y financiera para la estructura. Según los fiscales, los puntos de transbordo en México y otros países de la región no solo facilitaban el movimiento de cocaína, sino que lo hacían posible gracias a una cultura de corrupción en la que traficantes pagaban a políticos para recibir protección.
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El periodo investigado abarca desde 1999 hasta 2019 (incluyendo cinco administraciones mexicanas) y, aunque el documento no formula cargos contra exmandatarios mexicanos, el señalamiento ha generado una inquietud política en México por su posible impacto diplomático.
Para fundamentar la acusación, los fiscales habrían utilizado una combinación de grabaciones de la DEA, testimonios de testigos protegidos y documentación financiera recopilada durante años de trabajo de inteligencia, según el diario que tuvo acceso a la imputación.
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