La falta de combustible reactivó un esquema de emergencia aplicado en los años noventa, mientras el país enfrenta apagones, cierres y restricciones generalizadas.
La interrupción del suministro de petróleo colocó a Cuba en una situación crítica que el propio gobierno ha descrito como un periodo de alta complejidad.
Tras la captura de Nicolás Maduro, México suspendió el envío de crudo a la isla y las reservas energéticas quedaron agotadas, lo que derivó en la reactivación del plan conocido como Opción Cero.
La crisis ocurre en un contexto de presión internacional, las sanciones impulsadas por Donald Trump limitaron el margen de maniobra del país, luego de que Venezuela se comprometiera con Estados Unidos a detener los envíos de petróleo y se anunciara la posibilidad de imponer aranceles a los países que abastecieran de crudo a La Habana.
El escenario energético se agravó cuando las restricciones redujeron casi por completo el acceso de Cuba a combustible importado.
Como consecuencia, el país enfrenta apagones en amplias zonas del territorio, con afectaciones que alcanzan al 64 por ciento de la isla, además del cierre de playas y hoteles por falta de energía.
Ante esa situación, el gobierno retomó un esquema diseñado hace 35 años por Fidel Castro, concebido para operar sin suministro externo de petróleo y mantener únicamente los servicios esenciales.
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La estrategia Opción Cero establece una reorganización total del funcionamiento del país, priorizando la subsistencia básica. El modelo supone la paralización de gran parte de la actividad económica moderna y una reducción drástica del consumo energético.
El plan incluye medidas como el racionamiento severo de combustible, el impulso a la autosuficiencia alimentaria, el uso de tracción animal, la utilización de carbón vegetal para cocinar y la disminución del transporte motorizado, en un contexto donde Cuba depende históricamente del suministro externo para cubrir sus necesidades energéticas.
El presidente Miguel Díaz-Canel admitió que el país atraviesa una situación compleja y agradeció a México por el envío de ayuda humanitaria. También señaló que la población enfrentará afectaciones directas en transporte, alimentos, hospitales, escuelas y turismo.
Desde la cancillería, Carlos Fernández de Cossío explicó que el proceso de reorganización exigirá creatividad y recordó que el gobierno se ha preparado durante años ante posibles acciones de Estados Unidos.
Las autoridades reconocieron que el plan representa un desafío tanto para la gestión gubernamental como para la población, la industria, la agricultura y los servicios.
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El plan Opción Cero se diseñó durante el llamado periodo especial, iniciado tras la desintegración de la Unión Soviética a principios de la década de 1990. Hasta ese momento, la URSS enviaba entre 10 y 13 millones de toneladas anuales de petróleo a Cuba a precios subsidiados, lo que permitía cubrir casi toda la demanda energética de la isla.
La ruptura comercial redujo de forma drástica esos intercambios. En 1991, los envíos de petróleo y cereales disminuyeron de manera significativa y, para 1992, el comercio con el bloque socialista cayó 85 por ciento, al pasar de 11 mil 857 millones de dólares en 1989 a 830 millones.
El impacto económico fue inmediato; en el primer año tras la caída del bloque socialista, el Producto Interno Bruto se redujo 35 por ciento.
La aplicación del plan Opción Cero derivó en apagones de hasta 16 horas diarias, escasez de alimentos y combustible, colapso del transporte público y expansión del mercado negro.
Las consecuencias sociales incluyeron protestas como el Maleconazo, ocurrido el 5 de agosto de 1994, y un éxodo de aproximadamente 35 mil personas.
En el ámbito de la salud, entre 1991 y 1993 se registró un aumento de casos de neuropatía óptica y periférica, enfermedad asociada a déficit nutricional, tabaco y alcohol, que habría afectado a unas 50 mil personas.
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