La crisis financiera alcanza casi a la mitad de la población de Paraguay, puesto que cuenta con alrededor de 2.9 millones de usuarios
En medio de la crisis financiera y política desatada en Paraguay por el caso Ueno Bank, que derivó en la renuncia de Santiago Peña Palacios a la presidencia, una de las cuestiones centrales que genera este escenario es quién quedará al frente del país.
La respuesta no está lejos del propio mandatario, puesto que, conforme a lo negociado por el oficialismo, será el vicepresidente Pedro Alliana su sucesor.
No obstante, antes de que se concrete esa decisión, en el centro del debate político se encuentra resolver el futuro de Peña: ya sea avanzar hacia el juicio político o aceptar su renuncia, vía que la oposición rechaza por la protección legal que le otorgaría.
Luego de que el 5 de noviembre el ministro del Interior, Enrique Riera, entregara al mediodía la renuncia del presidente al Congreso Nacional, la Cámara de Diputados tuvo la sesión en la que decidió si la sucesión de Peña Palacios recaería en el vicepresidente.
Aunque la oposición también buscó llevar a juicio político a Pedro Alliana Rodríguez, el respaldo que el Partido Colorado (al cual pertenecen tanto el presidente como el vicepresidente) le ofreció fue decisivo para que esto no sucediera. A través de una votación de 48 votos en contra y 30 a favor, los legisladores terminaron de desestimar la solicitud de juicio político en su contra, con lo que se archivó el caso.
Cabe señalar que el relevo presidencial se articuló horas antes, luego de que el líder de la facción Honor Colorado y presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, retirara su respaldo al presidente y apoyara el juicio político en su contra.
Medios locales, como ABC Color, señalaron una reunión con Alliana Rodríguez donde se planificó la sucesión, al tiempo que el encuentro rompió con un distanciamiento político de más de un mes.
Sin embargo, pese a que ya está abierta la vía para que Alliana Rodríguez asuma la presidencia para completar el periodo que concluye en agosto de 2028, primero debe destrabarse la situación de Peña Palacios, pues actualmente existe un conflicto parlamentario sobre si aceptar su renuncia o concretar su destitución mediante juicio político.
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En ese sentido, y pese a que en la misma sesión del 5 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el juicio político contra Peña Palacios, el caso no ha avanzado más.
Tras pasar la acusación constitucional de la Cámara baja al Senado, se convocó para la tarde de ese día a una sesión extraordinaria bicameral del Congreso Nacional de Paraguay, en la que se definiría si el mandatario era destituido o sometido a proceso.
La oposición busca que sea sometido a juicio político ya que, de simplemente aceptar su renuncia, el presidente tendrá acceso a inmunidad parlamentaria como senador vitalicio. Esto representaría, según este sector, un pacto de impunidad que evitaría llevar ante la justicia a los responsables y a sus cómplices, rol que le atribuyen al mandatario.
Por este motivo, la renuncia quedó en el limbo: aunque el Senado votó por rechazar la dimisión y procesar al presidente (con 24 votos a favor y 20 en contra), la sesión tuvo que ser levantada cuando la Cámara de Diputados intentó comprobar el cuórum para definir la validez de la jornada, puesto que carecían del número mínimo de legisladores necesario. El debate quedó suspendido luego de que los diputados del oficialismo abandonaran el recinto.
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Ante esta situación, el 5 de noviembre, el vocero de la Presidencia de Paraguay, Guillermo Grance, confirmó que Peña Palacios permanecía como presidente y que estaba dispuesto a enfrentar el juicio político en su contra. Al mismo tiempo, desmintió que el mandatario hubiera abandonado el país.
"Él está en el país, quiero reiterar esto hasta el cansancio, porque ha habido mucha información de que se fue a la Argentina, de que viajó a no sé dónde, que tomó un avión. No, el presidente de la República está en el país", dijo ante periodistas desde la residencia presidencial.
En tanto, este viernes 6 de noviembre, el presidente pidió a través de una carta una prórroga de 72 horas para defenderse del juicio político. Según explicó, las 12 horas que le fueron concedidas para revisar su acusación, asentada en un expediente de 300 fojas, son insuficientes para preparar su descargo y garantizar el debido proceso.
Tiempo después, Peña Palacios confirmó a través de su cuenta de X que los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda integran su equipo de defensa en el juicio que se desarrolla en el Senado, al tiempo que reiteró su solicitud de prórroga subrayando que el tiempo asignado era insuficiente para ejercer sus derechos constitucionales.
Mientras la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores de Paraguay ya se encuentra en desarrollo para continuar el juicio político y analizar la solicitud de prórroga, se espera la comparecencia del presidente ante los legisladores.
Aunque opera bajo su denominación actual desde 2023, Ueno Bank tiene sus raíces en la fundación de Financiera El Comercio en 1976. Tras más de cuatro décadas en el mercado crediticio, la firma fue adquirida en 2021 por el Grupo Vázquez con la aprobación del Banco Central del Paraguay (BCP).
Un año después, la absorción de Visión Banco aceleró su expansión, permitiéndole pasar de medio millón de usuarios a finales de 2023 a 2.9 millones en septiembre de 2026, una cifra que equivale a casi la mitad de la población paraguaya.
Más allá de su veloz bancarización, el aspecto más crítico del banco fue la captación masiva de recursos de organismos estatales, incluyendo los fondos de pensiones y jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS).
Esta concentración de ahorro público se dio en paralelo al fortalecimiento de sus nexos con la élite política del país, destacando los vínculos con el propio presidente Santiago Peña Palacios, quien admitió haber sido inversor de Credi Centro, empresa precursora del Ueno Holding, hasta principios de 2025.
A pesar de que Ueno Bank proyectaba una imagen pública de solidez e inclusión financiera, el Banco Central del Paraguay ya había detectado irregularidades operativas, advirtiéndole meses antes sobre la concesión excesiva de préstamos a empresas vinculadas a sus propios dueños.
La situación derivó en un colapso inevitable el martes 3 de noviembre de 2026, cuando el órgano regulador decretó su disolución inmediata al registrar un índice de solvencia inferior al 50% del mínimo legal exigido.
El estallido de la crisis tuvo repercusiones judiciales y políticas inmediatas: el director de la entidad, Federico Miguel Vázquez Villasanti, se entregó a las autoridades tras la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía General.
En el ámbito legislativo, la convergencia entre el uso irregular de fondos públicos y los lazos entre el mandatario y el grupo financiero llevó a la Cámara de Diputados a promover la apertura de un juicio político contra el presidente el pasado 4 de noviembre.
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