A la cárcel quien difunda imágenes de víctimas en Edomex
Fue publicada la reforma a la ley que castiga con prisión de cuatro a ocho años a quien difunda fotografías o videos de víctimas en Edomex, la pena se agrava si se trata de un servidor público.
TOLUCA, Estado de México.- En el Estado de México se publicó en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el Decreto que reforma el Artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México que tipifica conductas que involucren la revelación o difusión indebida de material audiovisual o archivos de víctimas, tanto por parte de personas como de servidores públicos, a partir de ahora, quien lo haga irá a la cárcel de cuatro a ocho y si se trata de un servidor público, la pena se agrava.
Con su aplicación, el Estado de México y el Poder Judicial sancionarán de manera ejemplar a aquellos que revelen o difundan material audiovisual o archivos de víctimas, evitando así su exposición masiva en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Esta medida busca preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares, y contribuye a disminuir el impacto que sufren las víctimas al ser revictimizadas, Delfina Gómez Álvarez se comprometió a tomar acciones concretas para erradicar la normalización de la violencia y garantizar el respeto a los Derechos Humanos de todos los ciudadanos del Estado de México.
Estas iniciativas, conocidas como Ley Ingrid y Ley Ocaña, buscan evitar el menoscabo de la dignidad, el honor y la intimidad de las víctimas y sus seres queridos. Ambas leyes llevan el nombre de casos emblemáticos ocurridos en la Ciudad de México y en el Estado de México, donde se filtraron imágenes que revictimizaban a los ofendidos y sus familias.
Sanciones por revelar o difundir imágenes de víctimas
De acuerdo con el Decreto número 215, aprobado por la LXI Legislatura del Estado de México el 24 de octubre de 2023, quien filtre y exponga masivamente ante los medios de comunicación y redes sociales imágenes de víctimas será sancionado con penas privativas de libertad que van de cuatro a ocho años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la reparación integral del daño.
Ver nota: Pide Delfina Gómez no minimizar ni normalizar la violencia
Además, establece que cuando en la comisión de este delito participen servidores públicos inherentes a la cadena de justicia, que por su empleo, cargo o comisión tuvieran acceso a dicha información, las penas se agravan y si se trata de la difusión de material de víctimas mujeres, niñas, niños, adolescentes o persona en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta en una mitad más de la que le corresponda.
“A la persona que sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación; que realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía o compartan, oferten e intercambien imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad, el honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares…”
-
Las reformas fueron presentadas por las Diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y la Diputada Luz Ma. Hernández Bermúdez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
